Sacyr-Vallermoso pone a la venta sus acciones en Repsol YPF. Hasta hace poco Sacyr era la mayor inmobiliaria española por ingresos. Antes de la crisis de la economía financiera, una compañía originaria de un país sin petróleo como Repsol estaba posicionada entre las veinte mejores petroleras del mundo. Ambas empresas son españolas en la composición mayoritaria de su accionariado. Por decirlo de otra manera, en las dos compañías privadas las decisiones están respaldadas por capital español. O, expresado todavía con más claridad, quienes mandan en estas empresas son españoles.
El posicionamiento económico de cada país en la aldea global es uno de los principales vectores estratégicos de la globalización. Si tienes posición económica participas en las decisiones y si no, difícilmente. Esta posición económica no es necesario siquiera que sea de dominancia. Como es apreciable con el caso de los BRICs (Brasil, India y China), que seas emergente tiene un valor alcista en la aldea económica global. Observemos sino el esfuerzo que ha hecho España para estar, aunque sea de prestado, en una cumbre entre ricos reales y ricos potenciales bajo las siglas del G20. La cualidad de potencia emergente en economía significa que aportas un mercado en desarrollo y, por tanto, eres candidato a la inversión y, sobre todo, a constituirte en ecosistema de consumo. El verdadero motor de la economía globalizada es el consumo. De hecho, el impacto más severo de la crisis no va a venir de la mano del hundimiento de algunos bancos en EEUU o de empresas constructoras en España, sino de que tanto las entidades financieras como las personas se quedan con el dinero en el bolsillo y no se lo gastan. Sin consumo, el motor se detiene.
La aldea global de la economía es presa de una paradoja. Por un lado, es el resultado del esfuerzo inversor privado y de la des-estatización de la economía productiva. Durante la última mitad del siglo XX los Estados han ido abandonando sus posiciones en empresas e industrias, trasladando la gestión, y sobre todo la propiedad, a manos privadas. Esto ha sido así incluso para bienes o servicios denominados de interés estratégico para los países, como las energías, las líneas aéreas, las grandes infraestructuras. Hace algunas décadas era impensable para el subconsciente colectivo interiorizar que el servicio de gas para la calefacción doméstica no iba a proporcionarlo el sector público, sino una empresa privada. Aún hoy en España nos escandalizamos cuando se difunde el rumor de que la canalización de aguas para consumo va a ser un recurso público gestionado por empresas privadas. Pues bien, la paradoja reside en que si bien la economía es esencialmente privada, la posición económica de los Estados en el mundo y por tanto parte de su influencia dependen, entre otros factores, de la fortaleza de sus empresas en el exterior. Es decir, Repsol en España es una compañía privada, pero en la arena internacional es una empresa española, más española que empresa en algunos casos. Esta situación es paradójica porque la salud exterior del Estado español está condicionada, en buena medida, por la labor de empresas sobre las que no tiene, no debe de tener, ningún control.
En la relación Estado y empresas privadas que tienen calado estratégico convergen dos elementos que deberían, digamos, llamar nuestra atención. Lo podemos ejemplificar perfectamente con Repsol. De una parte, existe el interés estratégico del soporte energético interno, el dirigido hacia la población española. De otra, tenemos la posición de Repsol en los mercados exteriores, su materialización de contratos en muchos países, presencia empresarial que es identificada con España. Y no sólo eso, no sólo es identificada simbólicamente con España, sino que si a Repsol le va bien en el exterior nos aseguramos de que su capacidad como empresa “interior” va a ser lo suficientemente sólida como para no comprometer a uno de nuestros sectores estratégicos. El problema con Sacyr no es, pues, la constructora sino lo que finalmente acabe sucediendo con Repsol si la inmobiliaria sucumbe.
La paradoja estratégica de la economía global (que el bienestar económico de lo público dependa de la pericia y salud de lo privado) ha sido bien comprendida por los países de nuestro entorno desde hace décadas. Algunos, como Rusia o China, directamente controlan a sus empresas estratégicas a través de mecanismos pre-democráticos. Otros, como Francia, EEUU, Alemania, Reino Unido o Japón, han establecido arquitecturas nacionales colaborativas y co-responsables de inteligencia económica.
En 1994 Francia publicó el informe Matre, así bautizado por el responsable del equipo de trabajo encargado de elaborarlo. El informe describía cómo debía de estructurarse una identidad nacional de inteligencia económica. Resumiento mucho, la inteligencia económica sería un sistema colaborativo nacional dirigido, esencialmente, a proteger de riesgos y aprovechar las oportunidades en el horizonte estratégico de economías nacionales inscritas en dinámicas internacionales globales. Desde la óptica de la inteligencia económica, no es que los Estados manejen o controlen a sus empresas privadas sino que ayudan para generar las condiciones que favorezcan la presencia de empresas nacionales en el exterior. Hay dos intereses de fondo inscritos en este planteamiento. El primero, explícito, es que cuanto mejor le vaya a nuestras empresas fuera más robusta será nuestra economía dentro. El segundo interés, más implícito, es que Repsol, Telefónica, Iberia, el Santander o el BBVA son, además de privadas, empresas identificadas en el exterior con los intereses de los ciudadanos de un país en concreto. Lo que les ocurra a ellas, de bueno o de malo, nos ocurrirá a nosotros.
España no dispone aún de una identidad nacional de inteligencia económica. Existen la intención y el mandato, pero no la articulación. La preocupación por que una empresa que, aunque privada, sea extranjera pueda tomar el control de una compañía española que, aunque privada, sirve a intereses estratégicos públicos, es de sentido común en el mundo que nos ha tocado vivir. Si esa empresa extranjera está controlada de algún modo por intereses no enteramente privados sino más bien estatales, y si Estado es uno cuyo respeto al juego democrático es, vamos a decir, cuestionable, entonces la inquietud está bien fundamentada. La pregunta es si tenemos conciencia nacional de que necesitamos disponer de un sistema que analice nuestra salud económica, las amenazas y oportunidades que se derivan de las dinámicas globales. El caso de la petrolera rusa Lukoil optando a controlar la española Repsol es paradigmático de esta necesidad.
Lukoil es, además, perfecta para visibilizar los dos campos concretos de estudio para un engranaje nacional de inteligencia económica, el campo interior y el campo exterior. En el campo interior, un sistema de análisis e interpretación de la salud económica nacional debería cuidar de que nuestra estructura de bienestar no estuviera infiltrada por capital comprometido o, directamente, tóxico o sucio. La Fiscalía Anticorrupción sostiene una acusación contra Zakhar Kalashov -uno de los propietarios de Lukoil- por “presuntamente” ser lo que se denomina en el vocabulario criminal un "ladrón en ley", esto es, un capo de la mafia rusa. En el campo exterior, cuando los intereses rusos colisionen con los españoles en mercados, por citar alguno, de Oriente Medio… ¿de parte de qué ciudadanía o bienestar creen que van a ponerse los managers de una empresa española controlada por estrategias rusas?.
Al igual que ocurre en otros países, en una identidad nacional de inteligencia económica deben participar mancomunadamente empresas y servicios especializados del Estado a niveles central, autonómico y local. La inteligencia económica no tiene nada que ver con el espionaje ni con otros usos del término inteligencia, sino con establecer un andamiaje de observación, información y análisis de nuestra realidad económica con vistas a anticipar el mejor escenario posible para el bienestar. Necesariamente este planteamiento tiene una vocación interdisciplinar y corresponsable entre actores participantes y, respetando y promocionando los intereses privados, tiene en la salvaguarda de los intereses españoles en la aldea global su carta de naturaleza.
Ahora que España se ha posicionado con claridad en el G20 por regular la economía financiera para servir, o por lo menos para no perjudicar, al bienestar de la ciudadanía, es momento para volver a pensar en articular sistemas serios e inteligentes de anticipación de riesgos y aprovechamiento de oportunidades para una economía con mayúsculas, entendida como un bien público gestionado por ciudadanos con intereses privados y legítimos, sí, pero convergentes, o al menos no contrarios, con la salud colectiva.
(publicado en Temas para el Debate, nº 171/2009)
