andrés Montero gómez

Cuando un comunicado oficial del gobierno vasco sobre una resolución judicial se parece tanto a lo que bien pudiera haber sido un comunicado de ETA publicado en el Zutabe es que estamos ante un problema. De muchas maneras se ha escrito, se ha dicho y se ha constatado que la comprensión, por expresarlo suavemente, del nacionalismo vasco hacia la “causa” etarra representa el oxígeno para la supervivencia de un patógeno social como ETA que, aún débil, continúa asesinando con la respiración asistida del abertzalismo. Ésa es la auténtica desnormalización política de Euskadi, tan planteada como raíz originaria de un conflicto a resolver. Cuando el gobierno de una comunidad autónoma se expresa como pudiera haberlo hecho ETA es que, francamente, existe un problema político.

El conflicto vasco, no obstante, no tiene la fisonomía que desde ETA y el abertzalismo se nos está vendiendo. Algunos argumentarán que los síntomas de desnormalización política en Euskadi son el efecto de una enfermedad, enfermedad que responde al diagnóstico de nacionalismo. A mi modo de ver, el nacionalismo es una opción política que tiene cabida en la democracia y que, después, nos puede parecer más o menos paleta, estrecha o narcisista. Lo que más bien parece, por el contrario, es que el nudo gordiano de la disfuncionalidad política vasca no es la mera existencia del nacionalismo, sino el hecho irrefutable que desde su propio seno germinara un grupo de individuos que decidiera asesinar para imponer el totalitarismo ideológico en la sociedad vasca. Desde los años cincuenta, ése es el problema de Euskadi, puesto que el PNV no ha sido capaz en todo este tiempo de enfrentarse con claridad a individuos que pensaban en aberzale, igual que el PNV, pero que querían obligar a otros a adoptar ese pensamiento por la violencia.

En todo lo referente a planteamientos políticos, cuando el PNV ataca a ETA se ataca a sí mismo. Por eso no lo hace. Es natural que la sentencia del juicio 18/98 haya escocido tanto al PNV y a EA, al abertzalismo vasco en genérico. Lo extraño hubiera sido lo contrario. Conviene recordar que el año en que se inician las investigaciones de la Audiencia Nacional que han determinado la condena penal, los partidos jeltzales habían suscrito un acuerdo que pretendía ser un pacto con las ideas, con el frente político, de ETA. En un auténtico ejercicio disociativo de negación de la realidad, el PNV pretendía rescatar con Lizarra esa porción sentimental del discurso político abertzale que comparte con ETA y desvincularlo de la violencia. Era esa pretensión imposible la que se reflejaba en el rostro de los responsables peneuvistas de la época cuando se extrañaban tanto de que el resto del planeta humano no entendiera que ellos únicamente estaban intentando proteger las ideas etarras, las ideas abertzales compartidas, al tiempo que reprobaban sus métodos. Nadie lo entendía porque no puede entenderse. No puede entenderse porque los métodos de ETA son indisolubles de sus ideas. Los miembros de ETA tienen unas ideas sobre política y sociedad en Euskadi y han decidido, como cualquier otro totalitarismo, que deben ejercer la violencia para obligar a otros a adoptarlas.

Una de las imposibilidades, bastante objetivas, en todo el tratamiento que el peneuvismo más ortodoxo hace de ETA es el intento de desligar los argumentos al servicio de la violencia de los instrumentos terroristas puestos al servicio de esos argumentos. No es posible porque la combinación de ambos, instrumentos violentos y argumentos, es lo que conforma la naturaleza de ETA. La desvinculación dejaría a ETA sin existencia. El argumentario abertzale separado de la violencia es equivalente al PNV. De hecho, así expuesto, es dificilísimo que el PNV pueda entender la sentencia 18/98 porque la identificación con el reo en su plano mental es tan elevada que el abertzalismo jeltzale se siente agredido por ella, por encima del cuestionamiento jurídico que toda sentencia puede y debe tener. O sea, dicho muy claramente, si ETA no fuera una organización terrorista y la violencia no estuviera presente, en su plano político podría ser una corriente crítica dentro del propio PNV. Por eso llegó Lizarra, por eso se ha ido Imaz.

En el momento en que se inicia la causa 18/98 el abertzalismo suscribía un pacto de hermandad al que se ha renunciado nominal pero nunca sentimentalmente. Lizarra es natural, porque abertzales son todos quienes lo firmaron. La misma familia, algunos de cuyos primos son antisociales y otros asesinos…. ¿qué hacer con ellos?, ¿expulsarlos de la familia?, ¿tratar de reconducirlos?; ante todo, evitar que sean extinguidos desde el exterior hasta que se encuentre la manera de hacerlos entrar en razón; porque son de los nuestros.

El sumario 18/98 supone tal avance del Estado de Derecho en su concepción del terrorismo que ni siquiera los ponentes de la sentencia ni el aparato legislativo han alcanzado todavía la pericia jurídica para dotarlo de la elegancia matemática que se requiere en un sistema garantista. El ejemplo más claro son las circunvoluciones alrededor de la Fundación Josemi Zumalabe, destinada por ETA a la desobediencia civil contra el Estado. El análisis que se hace sobre la sentencia en ese punto es que se está condenando el propio acto de la desobediencia civil o que se está criminalizando la opinión de unos ciudadanos. Oiga, es que la desobediencia civil en este caso es un ingrediente más del terrorismo, por eso se condena. Igual que las relaciones internacionales de ETA a través de Xaki no se condenan por xenofobia, sino porque es un instrumento al servicio del terrorismo. La complicación legal es que todavía no hemos afinado bien la técnica jurídica para contextualizar bien, tipológica, procesal y penalmente, que las conductas al servicio del terrorismo, por muy legítimas que sean cuando se realizan en otro ámbito social, en cuanto vinculadas y sirvientes de la violencia son penalmente, deben ser penalmente sancionables. A los desobedientes civiles de ETA se les acusa no por su desobediencia, sino porque está puesta al servicio del terrorismo, es decir, es una conducta no suficiente pero sí necesaria para el mantenimiento de ETA. Por tanto, delictiva.

ETA ha asesinado a dos guardias civiles en Francia. El atentado no merece, a estas alturas, demasiado análisis. ETA es una organización criminal profesional y se dedica a asesinar. Lo hace cuando le interesa en función de sus propias dinámicas internas, el objetivo de las cuales es mantenerse asesinando para obligarnos a cambiar nuestro comportamiento colectivo por medio del terror. A estas alturas no debemos pretender que los etarras entiendan que el modelo colectivo de convivencia no van a cambiarlo con la violencia, porque el terrorismo para ETA ha pasado de ser un instrumento criminal para convertirse en un modo de vida, un modo de vida basado en la muerte de los demás, muerte civil o muerte biológica. Hemos llegado al final.

La política antiterrorista ha de estar basada en el desmantelamiento de ETA. Si ése no es su centro de gravedad, la política antiterrorista estará equivocada. Esa política puede articularse a través de varias estrategias, estrategias que han de acompasarse a las condiciones más favorables para el Estado en cada momento evolutivo concreto de la situación. Ha habido momentos a lo largo de nuestra democracia en donde la estrategia ha sido contactar con ETA y entablar conversaciones para encontrar una vía de desmantelamiento. En todas esas ocasiones de diálogo, ETA ha salido reforzada. Otra estrategia ha sido aplicar toda la presión del Estado sobre las distintas dimensiones que configuran a ETA, desde sus comandos asesinos pasando por sus siglas políticas, siguiendo por las empresas pantalla, sus finanzas o su comunicación. De esta estrategia, ETA habitualmente ha salido más o menos debilitada dependiendo de las coyunturas en cada uno de sus períodos históricos. En resumen, la estrategia de diálogo siempre ha fracasado y la estrategia de represión todavía no ha obtenido todos los frutos potenciales que podría conseguir.

La estrategia de la represión de ETA en política antiterrorista no ha funcionado nunca plenamente porque nunca se ha aplicado plenamente. Después de 1988 y sin llegar a cumplirse una década, la estrategia de la represión se enmarcaba en el paradigma político del Pacto de Ajuria Enea, pero su operacionalización era muy débil. Había acuerdo político, unidad de los partidos frente al terrorismo de ETA, las medidas policiales eran intensas y la cooperación con Francia mejoraba paulatinamente, pero la estrategia del Estado no era integral. Ajuria Enea no estuvo acompañada por una intervención decidida sobre el aparato político de ETA, ni sobre sus finanzas, empresas o sus comunicaciones. Por tanto, si contamos menos de una década después de firmarse Ajuria Enea, llegamos a la conclusión de que contábamos con unidad política, pero la falta de visión integrada de la acción del Estado, que no intervenía en paralelo sobre todos los frentes de ETA, se traducía en que la debilidad de una parte del entramado terrorista se compensaba con la fortaleza de otros de sus componentes.

Tras unos años de agonía de Ajuria Enea llegó otro pacto, el de Lizarra, en 1998. El acuerdo del nacionalismo vasco con ETA personificó la defunción de la unidad democrática contra el terrorismo. Sin embargo, casi como mecanismo de equilibrio, diversos poderes del Estado reordenaban la estrategia de represión dirigiéndola hacia una articulación más integrada y paralelamente distribuida contra casi todas las aristas de ETA. El fin de Ajuria Enea supuso el principio del mejor esquema operacional de la estrategia de represión de ETA en la historia, incluyendo planos de intervención legal allá donde antes había habido permisividad. Así, la Audiencia Nacional iniciaba la instrucción de causas contra las finanzas de ETA, se actuaba contra las empresas pantalla del terrorismo, se continuaba desarticulando comandos y, finalmente, tanto por vía administrativa como por la judicial se ilegalizaba el aparato del terrorismo dedicado a infiltrar las instituciones políticas. Continuaban quedándose fuera de la acción del Estado algunas parcelas del movimiento terrorista vasco que han penetrado la sociedad de Euskadi, como la sindical o distintas fórmulas antisociales disfrazadas de voluntariado, pero el Estado redujo a ETA a su mínima expresión. Incluso, la desunión política trató de paliarse con el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que añadió solidez a las medidas antiterroristas aun dejando fuera a fuerzas políticas que no compartían la estrategia contra ETA, algunas como el PNV deudoras de Lizarra. El resultado de esta etapa fue un debilitamiento neto, apreciable y objetivable del grupo terrorista.

A partir del 2004, el presidente del gobierno reorienta la estrategia antiterrorista de nuevo hacia el diálogo para el desmantelamiento de ETA. Contaba (luego hemos comprobado que erróneamente) con que la desnutrición de la banda, fruto de la estrategia anterior, posicionaba al Estado en ventaja negociadora. La conclusión de esa intentona del Estado ya la conocemos, con el consiguiente reforzamiento de ETA y una nueva penetración de su facción política en las instituciones.

El análisis de la secuencia de tantos años nos desvela que dos son los parámetros sustanciales para un esquema efectivo frente a ETA. El primero, es que la desunión de los partidos políticos enflaquece la acción del Estado contra el terrorismo y fortalece a ETA. El PNV no ha debido de enterarse de esto (o se ha enterado muy bien) cuando continúa legitimando la mesa de partidos de la estrategia de ETA. La segunda enseñanza es que la estrategia del diálogo en la política de desmantelamiento de ETA nunca ha funcionado. Por tanto, la experiencia nos dicta que la combinación más eficiente para desactivar, con el tiempo que sea necesario, a ETA es articular el esquema más amplio, paralelo e integral de acciones individuales pero coordinadas de los poderes del Estado sobre todos y cada uno de los frentes del conglomerado de ETA, montado este esquema sobre un acuerdo amplio de los partidos políticos frente al terrorismo. Es decir, actuar contra ETA en cada una de las dimensiones de las que la propia banda terrorista se ha dotado para ejercer la violencia. Esto parece de sentido común, pero nunca se ha aplicado en su globalidad e integridad. Si a algún político le preocupa el recuento de votos, puede relajarse en ese sentido: la ciudadanía apoyaría esa estrategia integral sin cortapisas. De la misma manera, la última y paupérrima concentración de Madrid ha revelado que la población está harta de imposturas frente al terrorismo, que no cree en acuerdos de mentira, en pastiches publicitarios pre-electorales.

Zapatero tiene la oportunidad de reorientar definitivamente su estrategia frente a ETA en política antiterrorista siguiendo la modificación que ya había comenzado a poner en práctica desde el naufragio de la anterior estrategia de diálogo. Ahora, dos guardias civiles han entregado sus vidas proporcionándole al gobierno, en el marco de la tragedia, la palanca para operar en toda su extensión el giro estratégico apropiado que ya parecía estarse maniobrando, aunque con cierto apocamiento, desde el timón de la Moncloa. Es el instante preciso para regresar a la estrategia integral de represión de ETA que el propio Zapatero configuró en su propuesta de pacto por las libertades. Los primeros pasos los emprendió el Ministerio del Interior tras el atentado de Barajas y los ha continuado la judicatura. Ahora toca desarmar políticamente a ETA ilegalizando a ANV, cuyos fines y propósitos son tan evidentes que no será complicado reunir pruebas al respecto. A reglón seguido habrá que fiscalizar mejor al PCTV. Si la guardia civil desarticulara la cúpula de ETA en Francia se simbolizaría de forma ideal el asentamiento de una estrategia que ya es momento de que nuestros políticos comiencen a aplicar en toda su extensión. Después deberían venir medidas imaginativas que hasta ahora no se han ensayado para exprimir al máximo las posibilidades legales del Estado y reducir la presencia de cualquier partícula de abertzalismo etarra en nuestra sociedad. Como se demostró con la ilegalización de HB, estas capacidades del Estado, cuando se funciona como Estado, son mayores de las que se habían implementado hasta entonces. Todavía queda mucho potencial.

Hace muy poco, Hugo Chávez anunciaba que la refundada República Bolivariana de Venezuela comenzaría a desarrollar un programa nuclear propio, en principio con fines pacíficos. Argentina y Brasil ya los tienen. Venezuela posee unos sustanciosos yacimientos de uranio en su región de la Guayana, al sur del Oricono. De lo que no dispone Hugo Chávez es de tecnología para el enriquecimiento de uranio, pero Irán sí.

Actualmente, Venezuela es Hugo Chávez. Si se hubiera aprobado la reforma constitucional del 2 de diciembre lo sería todavía más. Por fortuna, la población bolivariana no está tan anestesiada y anulada como la soviética. No obstante, no se dejen engañar, porque el poder del presidente venezolano todavía es absolutista. La reforma hubiera representado una pirueta adicional sobre la reescritura de la Constitución que ya realizó Hugo Chávez nada más asumir la presidencia en 1999. El propósito declarado de la cirugía plástica constitucional es convertir a Venezuela en una república socialista e indígena, terminología de marketing político que se traduce en que el Estado en sus diversas variantes y formas toma el control de todo. El trasfondo de este golpe de mano es que el control del Estado sólo tenga, a su vez, otro control, la voluntad del presidente de la república. Así las cosas, presumo que Venezuela continúa siendo lo que diga Chávez.

Tal vez sea por casualidad, pero todos los candidatos populistas que últimamente han desembarcado a través de las urnas sobre el timón de diversos de los Estados de Latinoamérica, desde Ecuador a Bolivia, desde Nicaragua a Venezuela, han aplicado su bisturí revolucionario siempre en dos sentidos. Antes o después, en uno u otro orden de prelación, esas dos incisiones de cirugía remodelativa siempre han venido siendo nacionalizar los recursos, los energéticos y financieros con preferencia, y poner las nacionalizaciones bajo el control del proclamado presidente de la república. Los martillazos instrumentales para lograr el resultado más conveniente de ambas intervenciones de cirugía de precisión han sido aplicar en paralelo el cincel sobre cualquier expresión opositora, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial, en los medios de comunicación, en la empresa y en la sociedad civil.

La profundidad legislativa y el intuitivo calado político de la refundación chavista quedan paradigmáticamente simbolizados en que la ciudad de Caracas hubiera acabado denominándose, según la nueva constitución, Cuna de Bolívar y Reina del Guaraira Repano. Ingeniería semántica para activar emocionalmente a la población desviando su maltrecha atención de las verdaderas intenciones de la reforma. La administración de referendos anestésicos sobre la población para introducir el totalitarismo ya fue inventado por Adolfo Hitler y el entierro de la libertad (de empresa, de expresión, de pensamiento) bajo la manu militari de un caudillo apellidado de socialista aplicado por Stalin. Es como si réplicas de los nefastos terremotos totalitarios de la Europa del siglo pasado estuvieran manifestando sus perfiles sísmicos ahora en Latinoamérica. La consigna es prostituir a la democracia para valerse de ella. Y con ese objeto, valerse del descontento de grandes grupos de población ignorantes, de derechos marginados y usurpados durante décadas por élites descendientes de europeos en esos mismos países que ahora pretender salvarse de sí mismos asfixiando a la democracia bajo el peso de la semántica populista.

Lo que ocurre ahora en algunos países de Latinoamérica es la trágica representación de la incesante lucha del ser humano por escapar de tentaciones liberticidas, de intentos de dominar al otro. La democracia la practicaron ya en Grecia, no es un descubrimiento moderno, pero desde entonces son permanentes los conatos de someterla. Las constantes históricas en los atentados sufridos por la democracia desde los griegos han sido la existencia de un visionario que creía que el resto de la población tenía que ser conducida sin tener en cuenta la voluntad popular (todo para el pueblo pero sin el pueblo); la articulación de grupos de interés parásito que apoyaban a ese visionario a fin de obtener un beneficio coyuntural a costa del destrozo colectivo que fuera menester; y la apelación a ideologías míticas o religiones como disfraz para las operaciones de saqueo y desafuero de la voluntad popular. Y luego, mucha literatura y verborrea para disfrazar otro ejercicio más de totalitarismo.

Tengo mis dudas sobre que realmente Chávez quiera impulsar un programa nuclear real, aunque ninguna sobre su alianza con la nuclearización de Irán. En la nueva realidad geopolítica global, el recurso al armamento nuclear está convirtiéndose en el ansiado carnet de baile del que tanto Estados fallidos como emergentes quieren dotarse para dibujarse como un punto atómico en el mapa de la multipolaridad global. Todo a costa de la seguridad de poblaciones ignoradas, engañadas y empobrecidas para que caudillos totalitarios puedan sostener su absolutismo, como en Pakistán, sentados sobre una bomba.

La democracia no consiste en votar cada cuatro o siete años. La esencia democrática son los derechos individuales, la seguridad jurídica y, sobre todo, la división de poderes en un esquema de control compartido de las esferas públicas. Nada de eso habría en Venezuela con un presidente que es jefe de estado y de gobierno, comandante supremo de la fuerzas armadas, jefe de la administración, autoridad monetaria, conductor de la televisión, máximo responsable petrolero, banquero jefe y, si le animamos, vigilante de la playa. Todo, en un país con la oposición perseguida y mutilada, el parlamento privado de diversidad, y los medios de comunicación censurados. Por eso se le llama dictador, no únicamente por perpetuarse en el poder a través de una Constitución amañada.

El control de los recursos energéticos y la nuclearización estarían en la base de los nuevos sistemas políticos emanados del fin de la guerra fría en donde estados sin cultura democrática, como Rusia, tienen que reposicionarse en escenarios geopolíticos donde las divisiones de bloques han perdido valor. Ahora, como si los Estados fueran empresas, el objetivo es ubicarse geoeconómicamente. Ahí, en el nuevo tablero, existen dos fuerzas verticales, la energética y la militar, y dos horizontales, la nuclear y la económica, para que cada país pueda jugar sus ventajas diferenciales. Las dos primeras están atravesadas por las dos segundas. La nuclearización tiene que ver con la energía y, si se extienden las capacidades de enriquecimiento de uranio, con la militar. La inteligencia económica la simboliza la Francia de Sarkozy, primera en situar al presidente de la república como presidente-director general del Estado, que viaja para cerrar contratos y anclar estratégicamente a sus empresas. Incluso podríamos decir que quien mejor ha entendido la nueva matriz cuadrangular global (nuclear, militar, economía y energía) es Francia, aunque no sea un productor energético ni un contribuyente militar neto a la OTAN. Éste último aspecto cambiará y, sobre la energía, son visibles sus intentos de aprovechar su primacía estratégica en el Magreb. La nueva partida de ajedrez será entre viejas democracias y dictaduras energéticas de influencia global. De momento, Venezuela está en el grupo de las democracy killers.

(publicado en El Correo, 5 diciembre 2007)

El País publica un artículo firmado por Carmen Morán y titulado "programados para odiar a papá" (que en la edición en Internet se ha modificado por "para odiar a papá y mamá"). Escrito en forma de reportaje, el artículo se centraba específicamente en un concepto denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP). Obviando la controversia científica que internacionalmente existe en torno a ese concepto, la autora del reportaje describe la eventual manipulación de niños menores por progenitores custodios para enfrentarlos y ponerlos en contra de los progenitores no-custodios en procesos de separación o divorcio. A esa manipulación se le otorga categoría de diagnóstico clínico denominándola Síndrome de Alienación Parental y se la identifica como una forma de maltrato a los menores.

El artículo ignora completamente en su reportaje el carácter acientífico del SAP. Después de veintidós años desde que fuera planteado por un psiquiatra estadounidense, el SAP ha sido rechazado como realidad clínica tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Asociación Americana de Psiquiatría, las dos principales categorizadoras del diagnóstico psicopatológico profesional a escala mundial. La validez del SAP está tan cuestionada que las propias instituciones norteamericanas encargadas de velar por la buena práctica en el ámbito judicial rechazan abiertamente el SAP como elemento de prueba pericial en los juzgados de familia.

Los avances científicos se plantean siempre, inicialmente, como hipótesis a contrastar con la realidad. El SAP no es más que una hipótesis que de momento perdura más de veinte años en contra de las evidencias. Esa perdurabilidad del SAP en contra de toda evidencia puede responder también a otra hipótesis, al menos tan válida como la única reflejada en el artículo y que por tanto debería haber tenido la misma consideración en un reportaje periodístico: que el SAP es un artefacto psico-jurídico, diseñado con propósitos misóginos (su antecedente es nombre tan sexista como “síndrome de la madre maliciosa asociado al divorcio) e instrumentado por maltratadores en relaciones de violencia para desacreditar el rechazo, justificado, que sienten los niños hacia el agresor de su madre.

(publicado en El País, 3 diciembre 2007)