andrés Montero gómez

Hasta dos y tres meses puede demorarse la investidura de un Lehendakari en Euskadi. La legislación no prevé plazos y deja el procedimiento al albur del ritmo de los partidos en constituir la nueva cámara legislativa. Aunque la incertidumbre es la más fiel compañera del futuro, casi puede asegurarse que Patxi López será gobernador de los vascos y las vascas. De este modo, la democracia pone fin a tres décadas largas de dirección jeltzale en Vascongadas. No se elimina no obstante la sensibilidad nacionalista de la población o, por mejor decir, la sensibilidad hacia el hecho diferencial. Tal vez el socialismo vasco sea el hecho diferencial.

Entre el nacionalismo españolista y el nacionalismo regionalista hay un espacio intermedio, conformado alrededor del hecho diferencial. Es curioso lo que ocurre en política con las izquierdas y las derechas. Ni en Euskadi ni en Cataluña la derecha o los conservadores del PP tienen afinidad con las (que podríamos etiquetar como) derechas nacionalistas de CiU y PNV. Es cierto que Aznar se entendió en algún momento con CiU, pero siempre a nivel de España interesada por los catalanes, nunca en territorio de la propia Comunidad Autonóma. En ambas regiones diferenciales, por el contrario, la izquierda socialista ha tenido una comunicación más fluida, incluso relación de gobierno en Euskadi, con las derechas nacionalistas. Cierto es también que la relación socialista-nacionalismo conservador en Cataluña ha sido menos potenciada, sencillamente porque ambas allí son competencia directa de gobierno. Ahora y desde hace algún tiempo también lo son en Euskadi, luego la comunicación con el PNV se resentirá nada más que por eso.

La tercera vía para que exista una alternativa sólida al nacionalismo en Euskadi es gestionar el hecho diferencial vasco. Hacerlo política y socialmente. El hecho diferencial tiene que ver con la cultura, con los modos pautados y recurrentes de pensar, sentir y actuar en una población. En Euskadi es la lengua y la identidad, pero también la fiscalidad y la economía que tienen un diseño diferencial en el seno de la España común. Eso cabe en la España de las autonomías. En definitiva, eso es la España de las autonomías.

El plus que propone el nacionalismo jeltzale sobre el socialismo vasco es el derecho a decidir, es decir, la autodeterminación. En realidad el planteamiento peneuvista es una falacia, puesto que el derecho a decidir ya existe en Euskadi. Con independencia del encaje constitucional del término, el gobierno autonómico vasco decide sobre una buena mayoría de las cuestiones que afectan al ciudadano. Si decide el gobierno vasco está decidiendo el ciudadano autodeterminado. Hay que reconocer, por otra parte, que todavía existen un abanico de transferencias pendientes de ejecución. Y no permanecen pendientes tanto por una limitación de la capacidad vasca de decisión como por el resultado de las tensiones entre administraciones públicas en el reparto del poder y, en grandísima medida, del dinero público.

El vasco y la vasca de la calle son quienes han compuesto el puzzle del parlamento de Euskadi para que haya una nueva ecuación de las mayorías y minorías de decisión. El éxito de un alcalde es gestionar y defender la realidad diferencial de su pueblo, haciéndolo progresar. De igual manera, el éxito de Patxi López dependerá de su capacidad para defender lo vasco. Lamentablemente para el ciudadano, el juego político no sólo versa sobre la defensa de los intereses diferenciales de la población, sino también sobre la pervivencia del grupo político en un status de poder. Y ahí se le van a enredar las cosas al futuro Lehendakari socialista.

El primer director socialista para la orquesta de Euskadi tendrá complicado tocar la partitura del hecho diferencial. Arrancará la función con los votos populares en la investidura, pero gobernará en solitario. Si quiere imprimir progreso a Euskadi tendrá que ser diferente. Y si no que mire lo que ha ocurrido en Galicia. El propósito de todo político que conquista un gobierno históricamente monopolizado por otra sensibilidad es lograr la segunda legislatura. Así calculan los estrategas de los partidos. La política socialista en Euskadi durante los próximos cuatro años distanciará a Patxi López de los populares. La prospectiva interna del PP está condicionada por la conciencia de que nunca gobernarán en Euskadi. A partir de esa conciencia, los populares pueden elegir un apoyo estable al PSE o garantizar la investidura de Patxi López para inmediatamente después descolgarse de los socialistas y negociar cada votación en el parlamento. Por instinto elegirán lo segundo. Todavía no creo que tengan calibrado si les interesa más aparecer como un apoyo sólido del socialismo en Euskadi o caer en la tentación de dejar que Patxi López se ahogue en la matemática parlamentaria, enrojeciendo en el mapa español un fracaso autonómico socialista. Habrá que observar la dinámica.

En orden a planificar las estrategias, las calculadoras internas de los partidos políticos se estarán preguntado a costa de qué o de quién han obtenido sus votos y, sobre todo, de dónde pueden sacar más. En términos de votos, el socialismo ha crecido en Euskadi un poco menos de lo que ha perdido el PNV y casi el equivalente a lo que ha perdido el PP. Si los socialistas hubieran obtenido su resultado a costa del voto jeltzale la estrategia sería más sencilla. Querría decir que hay un trasvase de voto nacionalista moderado al socialismo. No puede asegurarse que esto haya sido así, de momento. Lo que aparece claro a la luz de los resultados es que algunos ciudadanos constitucionalistas, indecisos y previamente votantes del PP, son quienes han ejercido el voto útil hacia el socialismo. También que el socialismo ha recibido algunos (probablemente menos) votantes nacionalistas desencantados con el soberanismo de Ibarretxe. Los unos y los otros han puesto a Patxi López ante un desafío formidable.

El reto al que se enfrenta Patxi López y por extensión Zapatero es que Euskadi no sea como Galicia. Tal vez el socialismo no ha reeditado allí porque el gobierno de Touriño no tenía política propia. Lo que cada vez más quieren los electorados son gobiernos que no les haga pupa y que propongan una diferencia de progreso respecto de las alternativas. La clave para el socialismo en Euskadi será desarrollar una política progresista sin complejos pero incardinada de hecho diferencial sin llegar a ser nacionalista. La cuadratura del círculo… que haciendo un gobierno de independientes, mucho me temo, no va a conseguirse. Los independientes, por definición, son indefinidos. El próximo Lehendakari de Euskadi tiene que definirse y hacerlo de modo distinto al jeltzalismo orgánico o al nacionalismo centralista.

Si el socialismo vasco quiere aumentar su mayoría en Euskadi, tiene dos vectores estratégicos para desarrollarse: o pescar en el río nacionalista o laminar la base electoral del PP. El último de ellos no es demasiado posible y el primero tampoco si se practica una política que parezca nacionalista. La tercera vía es el camino, un socialismo de la diferencia, del hecho diferencial que haga encajar lo local en lo global, que desde un vasquismo no rupturista proyecte cada identidad de Euskadi en eso que se viene en llamar glocalización.

Naturalmente, habrá muchas dificultades. Antes de mitad de legislatura el PP sufrirá las pulsiones internas para hacer fracasar al socialista, pero al socialista de la Moncloa. Es absurdo, pero así será. Entonces el PNV puede aproximarse a Patxi López como redentor, trasladando el mensaje de que sin la “sensibilidad” de Sabin Etxea en la ecuación de Ajuria Enea no existe gobierno viable en Euskadi. Cuanto más genuinamente diferencial sea Patxi López, más ventaja competitiva acumulará.

(publicado en El Correo, 13 marzo 2009)

La anulación de las listas de Askatuna y D3M supone un hito histórico para la democracia en Euskadi. Continua sin haber un ejercicio pleno de la libertad por la extorsión y la violencia de ETA, es cierto. La democracia, no obstante, ha salido de su adolescencia en las Vascongadas. Por primera vez desde el fin de la dictadura, el parásito del totalitarismo etarra estará fuera del legislativo vasco. En algún momento será expulsado también de los ejecutivos locales. Entonces la joven democracia vasca, que las próximas elecciones autonómicas quedará inaugurada en Euskadi, habrá entrado en esa etapa en la que tiene que construir su identidad, construirla al margen de ETA. Demokrazia joven intentando ser adulta… si se lo permitimos.

Todavía no estamos en ese punto. Ha costado abandonar la adolescencia. Y el costo ha sido elevadísimo. Demasiados muertos asesinados. Era imposible pensar en una democracia que entrara en su etapa de juventud adulta con ETA en las instituciones del Estado de Derecho. Hasta la próxima convocatoria electoral de marzo ha venido siendo así. La democracia en Euskadi estaba infantilizada. Cada votación, cada pronunciamiento de la ciudadanía, estaban manchados de ETA. Aún lo están en un número intolerable de ayuntamientos. Es como si en el parlamento israelí votara Goebbels.

Richard Williamson es un obispo católico de origen británico. Hasta hace muy poco no era obispo. Desde 1988 concretamente. Entonces, bajo el papado de Juan Pablo II, fue excomulgado y apartado de su sacramento por haber sido uno de los obispos ordenados por Marcel Lefebvre en el marco de la que se conoce como Sociedad de San Pío X (SSPX), visceralmente contraria al Vaticano II. Lefebvre comenzó a ordenar obispos por sí mismo para la SSPX sin el permiso del Papa. Estoy convencido de que el francés Lefebvre pretendía acercarse a emular la hazaña del monarca más absoluto de Inglaterra, Enrique VIII, con el anglicanismo. En realidad lo que hizo Enrique VII fue, ni más ni menos, que fundar la Iglesia de Inglaterra y autonombrarse representante de Dios en esa porción insular del planeta tierra. A Lefebvre no le acompañó la época para semejantes hazañas, entre otras cosas porque tampoco era monarca de una isla.

Ratzinger era inquisidor mayor con Juan Pablo II y ahora, como Papa, acaba de rehabilitar a Williamson. Nada más recuperar el orden sacerdotal y ya como obispo, el lefebvriano Williamson ha declarado a una cadena de televisión sueca que el holocausto, tal como lo conocemos, nunca existió. El obispo que opina que la iglesia que salió del Concilio Vaticano II es demasiado moderna y hasta herética, también considera que el cómputo de judíos exterminados por los nazis es, en realidad, de un cinco por ciento sobre los 6 millones contabilizados por la Historia. De esos trecientos mil judíos aniquilados ninguno lo fue, en palabras del obispo rehabilitado Williamson, a través de cámaras de gas en campos de concentración. Durante la entrevista, el seguidor lefebvriano advierte a los periodistas suecos que si manifestara sus opiniones en Alemania sería inmediatamente arrestado y juzgado.

Negar el Holocausto en Alemania es ilegal y delictivo. En Euskadi, negar el terrorismo de ETA es incluso rentable políticamente. Igual nos parece que Alemania es predemocrática. El Tribunal Constitucional español sentenció en su momento que negar el exterminio judío no era delito, aunque sí lo era expresar ideas que apoyaran o justificaran el racismo, el genocidio o la violencia. Hilamos fino. Precisamente por lo fino que hilamos, hemos podido mantener a un grupo terrorista en uno de nuestros parlamentos durante varias décadas, haciendo enana a nuestra democracia. Ahora hemos decidido crecer. A ver cuánto nos dura.

(publicado en El Correo, 18febrero2009)

Igual no todos los abertzales de izquierda son proetarras. «Queremos acumular fuerzas e impulsar un espacio independentista y progresista como sujeto determinante del cambio político y social en Euskal Herria». Es lo que han declarado como objetivo los promotores de la plataforma D3M. Quieren acumular fuerzas. Probablemente haya entre los poco más de cien mil votantes habituales de la clandestina e ilegal Batasuna un porcentaje de contrarios a la violencia. La acumulación de fuerzas ha sido un concepto estratégico para ETA. De hecho, los frentes político, sindical y los distintos disfraces de infiltración social que tiene ETA forman parte de esa estrategia terrorista de acumulación de fuerzas. Algunos consideran que la acumulación de fuerzas está detrás de la legitimación jeltzale de ETA en Lizarra en 1998. Igual es casualidad que D3M utilice la acumulación de fuerzas en su argumentario.

Tal vez la acumulación de fuerzas sea el concepto detrás de la matemática de D3M. Si no es por medio de este cocinado teórico, es difícil pasar de cien mil votantes a tres millones de posibilidades. La población de Euskadi está rondando los dos millones cien mil habitantes. Contándolos a todos, maketos y vascos impuros incluidos. Haciendo un ejercicio de deducción simple, los tres millones que bautizan a la nueva plataforma electoral deben simbolizar a la población mítica de Euskal Herria. Los tres millones no equivalen a los tres territorios de Euskadi, sino a los siete herrialdes de Vasconia.

D3M parece una fórmula matemática. O mejor, una fórmula de física teórica. Aunque nada de física cuántica. Estamos en física tradicional. Lo que describe esta ecuación es relativamente sencillo. Si el presidente Zapatero considera que es estratégicamente rentable dejar un espacio mínimo de expresión al abertzalismo proetarra, esperarán a que se anulen la mayoría de sus candidaturas para colar unos pocos concejales pseudobatasunos en ayuntamientos de Euskadi. No serán tres millones, pero con que sean tres bien colocados, a estas alturas del partido, basta. Es dudoso que Zapatero, que debe de haber entendido ya que para desactivar a ETA hay que desarrollar una estrategia intensiva de desarticulación de todos sus frentes, vaya a retroceder a una fase de contemporización con la Batasuna de la ETA actual. Y aún menos viable es tal posibilidad teniendo todavía depositada alguna esperanza en el tándem Ternera-Otegi. Aunque, por si acaso…

La alternativa más plausible sobre el propósito de la fórmula D3M es, sencillamente, molestar. Desde que se aplicara la ley de partidos, en vía administrativa, o la instrucción de la Audiencia Nacional, en vía penal, ETA siempre ha presentado una candidatura a los procesos electorales. También siempre ha conseguido infiltrar en la cocina de las instituciones democráticas a potajes completos, como el PCTV, o a garbanzos aislados, como ANV. Ahora tiene complicado servir siquiera el postre (esperemos). Sin embargo, con la mera candidatura ya molestan. Con D3M consiguen poner en marcha el procedimiento legal de investigación e inhabilitación de candidaturas, aprovechando toda la publicidad victimista generada por el proceso. El victimismo es como el maná espiritual para las artríticas bases abertzales. D3M es una pócima interna para las desorientadas y anémicas facciones proetarras.

Ya sólo con atizar la hoguera del victimismo, D3M les merece la pena. Adicionalmente, en eso de molestar, la segunda derivada de D3M es instalarse en la conciencia de aquellos votantes descarriados que tengan la tentación de adscribirse a la izquierda abertzale alejada de ETA. Es una incógnita cómo será el aterrizaje electoral de la nueva izquierda abertzale, materializada en la coalición Eusko Alkartasuna-Aralar, pero en sí misma ya es la ejemplificación de que el abertzalismo independentista tiene encaje político sin el asesinato como doctrina. Los profesionales de la mafia etarra intuyen desde sus íntimas entrañas que la mayor amenaza interna para la banda es una opción política abertzale emancipada de su control. No les gusta EA, detestan a Aralar y han castrado a Otegi. La historia de ETA desde la quinta asamblea de 1966, con un aparato armado capando una y otra vez al aparato político, es testaruda en demostrar esta visión épica en torno a la predominancia, y profesionalización, del más bruto del patio del colegio.

(publicado en El Correo, 28 enero 2009)

Tawfiq al Tirawi fue director de los servicios de inteligencia de la Autoridad Palestina en Cisjordania a comienzos de la década del 2000. Es decir, algo así como jefe de inteligencia de Fatah, el partido fundado por Yasir Arafat. De momento, decir Autoridad Palestina y Fatah es nombrar conceptos equivalentes. Tirawi era jefe de inteligencia palestino cuando estalló la Segunda Intifada, convergencia estratégica en donde aparentemente todas las facciones palestinas se unieron ante Israel.  Actualmente Tawfiq al Tirawi es asesor de seguridad de Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Desde que Hamas ganara las elecciones palestinas, le fuera denegado gobernar y tuviera que asaltar el poder en Gaza, es difícil establecer si son los israelíes los más interesados en desalojarlos del gobierno de más de un millón y medio de palestinos o es la propia ANP. O los egipcios, que llevan años intentando equilibrar el efecto contagio recíproco entre los islamistas palestinos y quienes han sido su inspiración intelectual, los Hermanos Musulmanes originarios de su propio territorio. A tenor de la nueva fase de confrontación bélica entre Hamas e Israel que ha inaugurado 2009, Tawfiq al Tirawi ha afirmado que sin unidad no habrá tercera Intifada y también que el problema palestino es Hamas. A la ANP le vendría bien que Hamas fuera debilitada hasta tal punto que su (potentísima socialmente) implantación sobre Gaza se viera comprometida.

Es complejo de explicar, sin caer en sesgos o simplificaciones, cuál es la situación de gobierno en Palestina. Hamas triunfó sobre Fatah en las elecciones legislativas de 2006. Tanto unos como otros son organizaciones insurgentes que han utilizado y continúan empleando el terrorismo contra Israel a través de una diversidad de grupos. Fatah y la ANP han sido reconocidos por los mediadores internacionales, así como por Israel. Casi los mismos actores internacionales han expresado, de manera directa o indirecta, su fastidio porque Hamas venciera en unas elecciones con votación popular que les otorga un gobierno legítimo. Hamas está en todas las listas de organizaciones terroristas… y además gobierna la mitad de Palestina. La ANP y Hamas se han hecho mutuamente la limpieza étnica en Cisjordania y Gaza, han enfrentado a tiros a sus fuerzas de seguridad, se han apresado mutuamente, boicoteado y zaherido interna y externamente. Representan dos maneras distintas de entender a Israel y de comprender el conflicto en Oriente Medio.

Fatah es un movimiento nacionalista laico arraigado en la territorialidad, que reconoce a Israel como ocupante hostil pero también como vecino posible. El gobierno palestino de Cisjordania es el heredero de todas las negociaciones con Israel y de la capacidad personalizada en Arafat de aglutinar una idea de causa común palestina. Fatah es también, en Palestina, sinómino de corrupción, endogamia y oligarquía. Por su parte, Hamas es la exportación del islamismo suní para ser instrumentado como amalgama ideológica de la frustración de décadas de miseria palestina. Hamas ha combinado el adoctrinamiento religioso con su acción social de sostenimiento de familias desposeídas en Palestina, apostando al mismo tiempo con determinación por la violencia (casi siempre terrorista) sin concesiones contra Israel. Hamas simboliza el odio contra lo judío y, por su identidad islamista, canaliza todo el victimismo internacional construido alrededor del mito de lo occidental contra lo musulmán, tan bien aprovechado por las diversas concentraciones yihadistas en el mundo. En el victimario colectivo islamista, Palestina es uno de los profanados lugares y Hamas el contracruzado en resistencia permanente.

Así pues, el gobierno palestino está dividido entre el nacionalismo laico de Fatah en Cisjordania y el nacionalismo islamista de Hamas en Gaza. En medio de esos dos territorios desconectados, el Estado de Israel. La ANP es plenamente consciente de que la solución de un Estado Palestino no va a llegar con la mitad del eventual territorio de la nueva nación en manos islamistas. Nunca, pero aún menos desde el 11-S y desde que la cuarta guerra mundial haya sido declarada por EEUU con el yihadismo como enemigo global. Era cuestión de tiempo que Israel atacara Gaza. Lo único que necesitaba era una ecuación estratégica concreta. La ruptura de la tregua surrealista que mantenía con Hamas, la proximidad electoral en Tel Aviv y la revitalización negociadora que a Oriente Medio llegará con Obama componen una ecuación estratégica ideal para un Estado hebreo todavía resentido del fracaso de su campaña de 2006 en el Líbano contra otro movimiento islamista, Hezbollah. En 2006, por tanto, Hamas gana las elecciones en Palestina y Hezbollah derrota a Israel en el Líbano. Lo mejor que le podría pasar a Israel en 2009 es desalojar a Hamas de Gaza, promover la negociación con ANP e impulsar un Estado en Palestina de manera que, al final, Hamas sea un problema terrorista interno para Fatah. Parafraseando al mencionado Tawfiq al Tirawi, “el problema de Palestina es Hamas”.

Al otro extremo del Mediterráneo y aproximadamente a mediados de 2008, tanto un editorial en el periódico Gara como posteriormente un comunicado de ETA acusaban al PNV de querer extinguir a la izquierda abertzale para impulsar un nuevo pacto autonómico con el Partido Socialista de Euskadi. Con Batasuna y sus marcas ilegalizas y con la materialización de los acuerdos entre Eusko Askartasuna y Aralar, que simbólicamente se presentan como quienes recogen la bandera caída del abertzalismo de izquierdas, de repente en los focos del teatro político de Euskadi queda iluminado el PNV como el actor de la moderación nacionalista. Puede parecer paradójico a estas alturas contemplar al PNV de Lizarra o del plan Ibarretxe como un referente de moderación; pero Lizarra ya tiene diez años, el plan soberanista no acaba de salir y en la genética del PNV, igual que le ocurre al Fatah palestino, está por encima de todo continuar gobernando. El ejercicio de gobierno para el PNV es cumplir con una especie de misión mítica inmanente a la historia de Euskadi.

De tal manera, por la correlación de fuerzas políticas vascas en esta coyuntura concreta, el PNV está perdiendo perfil diferencial ante el electorado al tiempo que arrastra el obvio desgaste de legislaturas de gobierno. En el ideario de la progresión autonomista es superado por el PSE y en el ideario del avance soberanista puede ser amenazado, ya veremos, por una fórmula abertzale entre EA y Aralar, a la que no se le atribuía mucha vida en su bautismo pero que realmente ocupa un espacio político muy claro, bien definido y con masa de votantes. La nueva izquierda abertzale.

ETA se engendró en las juventudes del PNV cuando una serie de sus integrantes creyeron que el partido jeltzale estaba siendo demasiado moderado con la dictadura franquista. Los delirantes comunicados de la banda terrorista vuelven a mostrar esa percepción, como si por ellos no hubiera pasado el tiempo. De nuevo el paralelo recurrente del entreguismo del PNV, en esta ocasión a los socialistas, con ese improperio de la traición a la causa de Euskal Herria. Obviamente, tal realidad prefabricada y culpabilizadora sólo tiene sentido en el argumentario terrorista, pero es cierto que a ETA le sirve como palabrería de revestimiento en sus asesinatos. Los últimos atentados etarras están apuntando a las inmediaciones del PNV, después de que, nuevamente, las bases terroristas no se pongan de acuerdo en las últimas reflexiones asamblearias del conglomerado de ETA sobre la manera más eficiente de dirigir la violencia conta el nacionalismo gobernante vasco.

Ni el PNV es Fatah, ni ETA Hamas ni mucho menos Euskadi tiene el menor parecido con Palestina. Sin embargo, entre ambos mundos existe un paralelo que nos deja una enseñanza para el año que comienza. La violencia siempre tiene que ver con el poder. La denominada causa palestina al final no ha demostrado ser tan importante para sus defensores como asegurarse el protagonismo y la dirección en el momento de implementarla. En la causa del independentismo vasco, una banda terrorista lleva cuatro décadas retorciendo la realidad para justificar la profesión del asesinato, por encima de izquierdas abertzales y viabilidades soberanistas. Fatah en Palestina puede aprovechar a Israel para desbancar a Hamas… ¿sería una ilusorio que la ecuación estratégica que conforma la nueva izquierda abertzale, por un lado, y una alianza PSE-PNV, por otro, en combinación con una política antiterrorista basada en la ley, desbancara a ETA de Euskadi?.

(publicado en El Correo, 10 enero 2009)

Michael Burleigh es un historiador británico. Hace años fue galardonado con el prestigiado premio de ensayo Samuel Johnson por su retrato de Tercer Reich. Entre otras cosas, Burleigh afirma que la tolerancia multicultural europea facilita el terrorismo. Es difícil contradecirle en eso. La democracia favorece el terrorismo y desde luego los medios de comunicación libres son instrumentados por las bandas criminales para difundir sus mensajes. La dinamita también es una sustancia no pensada para terroristas pero envilecida por ellos. El átomo no estaba diseñado para destruir japoneses, pero los norteamericanos arrasaron Hiroshima con un arma cargada de átomos.

El terrorismo es una de esas actividades criminales organizadas que parasita los avances sociales para golpearnos con ellos. A riesgo de pecar de simplismo, no es la existencia de un arma la que me pone en riesgo, sino la intención y la capacidad de alguien de usarla contra mí. En el norte de África no existe demasiada tolerancia multicultural y allí está instalada Al-Qaida para el Magreb. En los EEUU la tolerancia multicultural está, depende como se evalúe, en el mismo rango que la europea y a ellos les golpeó el 11-S y a nosotros el 11-M. Pakistán, sin tolerancia, parece ser el lugar de acampada de Bin Laden mientras a los españoles, tolerantes en general y triculturales genéticamente, la intolerancia de ETA nos asesina. O sea, que afirmar que la tolerancia facilita el terrorismo es como decir que la vida en el planeta Tierra promueve la criminalidad. 

El terrorismo existe, desde luego, porque tenemos factores sociales que lo generan. La libertad posibilita el terrorismo. También el asesinato. Sin embargo, la democracia ha reducido al mínimo la violencia entre los seres humanos. Existen condiciones sociales estructurales de las que cualquier asesino, motivado y con recursos, se prevalecerá para cumplir sus propósitos homicidas. Lo que estamos aprendiendo con las distintas amenazas globales de hoy es que tenemos que reducir al mínimo las condiciones sociales estructurales de vulnerabilidad ante los crímenes organizados, para prevenirlos. Sin embargo, la propia naturaleza de la prevención exige que no sea a costa de desmantelar el sistema de libertades, puesto que siendo así habríamos facilitado, esta vez sí del todo, la consecución completa del horizonte de cualquier organización terrorista: la implantación de un régimen totalitario.

Es recomendable distinguir, en análisis antiterrorista, cuáles de los parámetros del contexto social en donde operan los grupos terroristas se manejan para asfixiarlos, sin estrangular al mismo tiempo a la ciudadanía. Si reducimos la tolerancia multicultural, ¿estamos disminuyendo la probabilidad del terrorismo o aumentándola?; y si limitamos la libertad religiosa en Europa, ¿favorecemos el yihadismo o lo contrarrestamos?. Preguntas con respuestas en las que no hay manera de ponerse de acuerdo. En el caso del terrorismo etarra, un interrogante interesante es que si ETA se ha planteado actuar violentamente contra el Tren de Alta Velocidad Vasco (TAV) y movilizar bases sociales para boicotearlo como parte de su estrategia a medio plazo, investigar si ETA ha infiltrado el movimiento sindical alrededor del TAV ¿tiene sentido?; ¿será contraproducente para los trabajadores vascos?; ¿o ayudará al Estado en la estrategia de desmantelamiento de ETA?.

Contradiciendo a Burleigh, un sindicato obrero no es un facilitador del terrorismo. Tampoco lo es un periódico ni una red de hostelería ni un partido político. Ahora bien, una banda terrorista puede decidir bien crear exnovo, bien infiltrar un periódico o una red de empresas o un partido político o una asociación de promoción de la lengua, a modo de instrumentos de desarrollo de su actividad criminal. La acción criminal del terrorismo no sólo tiene que ver con la planificación y ejecución de atentados, sino así mismo con la articulación de mecanismos para la coacción, el chantaje, la extorsión, la amenaza y, en definitiva, la implantación y transmisión del terror en la sociedad. Hace tiempo que en España entendimos que Batasuna era un instrumento de ETA, desfondado de la aparente naturaleza política de un partido para dedicarlo a amplificar e inyectar terror. Los terrorismos organizados aprovechan figuras sociales, como empresas, asociaciones, partidos políticos, medios de comunicación y ONGs, entre otras muchas para inocular el terror por otras vías distintas de los atentados. Actualmente, ésta ya es una verdad de manual en un mundo aterrorizado.

Tenemos un problema con las víctimas de ETA. En realidad no es un problema con ellas, sino con nosotros mismos, con nuestra percepción.  El último ciudadano asesinado por ETA, Luis Conde de la Cruz, era un trabajador del Ejército, un militar. Desde que ETA comenzara sus asesinatos hace varias décadas, la población siempre ha sentido íntimamente que militares y policías eran objetivos naturales de la banda terrorista. Es decir, el mero hecho de llevar un uniforme les convierte en blancos a priori. Debido a esa percepción interiorizada en la población, será que no se han convocado manifestaciones de repulsa en las grandes ciudades españolas, que no se ha producido una masiva campaña de comunicación para decirle a ETA, asesina, que esto se ha acabado. Igual es por eso.

Cada vez que dejamos de convocar y de llevar a cabo una multitudinaria manifestación por una víctima asesinada estamos legitimando a ETA para asesine nuevamente al mismo perfil de víctima. Es duro asimilar esto y, francamente, es trágico escribirlo, pero es absolutamente cierto. Nosotros, la ciudadanía, quizá no lo tengamos claro, pero ETA es muy consciente de las diferencias. Por eso los atentados contra militares o policías son asesinatos de mantenimiento. En momentos de incertidumbre, ETA calibra el impacto de sus acciones mucho más que en aquellas etapas en que se siente fortalecida internamente. Cuando ETA percibe que dispone de los apoyos internos suficientes, que está más o menos controlando a sus bases y a sus distintos frentes y, sobre todo, cuando calcula que el momento político es propicio, sus asesinatos se diversifican. Por el contrario, un indicador de marejada interna en la banda terrorista es que cometa atentados de mantenimiento. Habitualmente estas acciones criminales de mantenimiento son artefactos explosivos contra centros oficiales o asesinatos de policías o militares.

En los atentados de mantenimiento ETA es un reflejo de nuestra propia percepción. La banda terrorista sabe que asesinar a un policía o a un militar es barato socialmente. Las bases de la banda no pondrán objeción, no efectuarán críticas internas sobre si es el momento para que ETA realice un atentado: para asesinar a un miembro de las fuerzas armadas o de seguridad siempre es el momento. Ésa es la percepción de la bases de ETA. Lo lamentable, lo que debería hacernos reflexionar, es que la ciudadanía tampoco reacciona de la misma manera, que también entiende, aun implícitamente, que no es lo mismo asesinar a un tipo de ciudadano que a otro. Como cualquier banda terrorista con vinculación territorial fuerte, ETA también modula el grado de presión social que quiere ejercer con cada atentado. La banda criminal es consciente de que el desgaste social por un atentado contra un militar es limitado, asumible, bajo.

No podemos permitirlo. Hay que despertarse. ETA está prostituyendo nuestras percepciones porque nosotros se las estamos regalando. El día que asesinaron a Miguel Ángel Blanco se produjo una reacción emocional masiva de la ciudadanía, sin precedentes, una respuesta elevada, de cargado contenido moral. También nos pusimos el listón muy alto en cuanto a lo que se espera de nosotros y, honestamente, tenemos que decir que nos hemos relajado, que no llegamos a nuestra propia marca.

La última vez que estuvimos cerca de ser lo que quisimos ser contra ETA cuando fue golpeada una de esas víctimas que consideramos menores como ciudadanos fue cuando la banda terrorista explosionó un coche bomba en la localidad oscense de Sallent de Gállego, en agosto de 2000. En aquella ocasión murieron dos ciudadanos, dos guardias civiles, Irene Fernández y José Ángel de Jesús. La respuesta de la población y su reflejo en los medios de comunicación estuvo por encima de la esperada para asesinatos en donde trabajadores de la seguridad pública están afectados como víctimas. La razón para esta diferencia era que Irene Fernández fue la primera mujer guardia civil que ETA asesinaba. La identificación de la población y, por tanto, su reacción emocional repuntaron sobre la condición de mujer de la asesinada. Ahí nos salió el proteccionismo patriarcal. Por los menos reaccionamos.

Arnaldo Otegi abandona hoy la prisión de Martutene… ¿Será vigilado por los servicios de información e inteligencia? A raíz de lo ocurrido con la excarcelación de Ignacio de Juana Chaos se ha desatado un debate jurídico sobre los ingredientes penales a incluir en la condenas judiciales a terroristas. La pena accesoria de alejamiento de la víctima y la vigilancia del terrorista una vez ha sido puesto en libertad son las propuestas que más están siendo consideradas. De ser incorporadas ambas a una ley no serían de aplicación ni a Iñaki de Juana ni a ninguno de los terroristas que actualmente cumplen condena, debido a la irretroactividad de las normas penales en tanto no beneficien al reo.

Los juristas están de acuerdo en considerar que no es necesario legislar adicionalmente acerca de las penas de alejamiento de los terroristas respecto de sus víctimas, puesto que esa medida ya puede dictarla cualquier juez. Lo que PSOE y PP están analizando es si debiera introducirse en la tipificación penal como una obligación que los jueces tengan que dictar de manera inherente a una condena por terrorismo. En todo caso, lo cierto es que bajo el Código Penal actual un juez puede decretar una pena de alejamiento de la víctima de hasta cinco años para un criminal que haya cometido un delito grave. Hay que preguntarse si cinco años son suficientes. Y esta pregunta es independiente de si el criminal ha avanzado en su proceso de reinserción, puesto que el alejamiento es una medida para incrementar la seguridad de la víctima. En los supuestos de violencia de género el alejamiento se implanta antes de la pena para disminuir el riesgo de la mujer ante la inminencia de la amenaza que supone el agresor, que como sabemos en determinados casos ni siquiera se arredra por el alejamiento impuesto. Sin embargo esa seguridad no es la única que proporciona una medida de alejamiento. En los crímenes violentos, prohibir el acercamiento a la víctima de su agresor o terrorista busca impedir una re-victimización que sacudiría de nuevo la integridad psicológica del ciudadano directamente afectado por la acción violenta. Por tanto, en los alejamientos post-internamiento el bien jurídico protegido es la integridad personal de la víctima.

La otra propuesta que está sobre la mesa de este verano es la vigilancia del terrorista una vez que ha cumplido su condena. La vigilancia post-condena es un planteamiento común a muchos de los crímenes violentos o sistemáticos. Tanto violadores como agresores sistemáticos, terroristas o criminales organizados son objeto de reflexión recurrente sobre si el Estado tiene derecho a someterles a algún tipo de control una vez que han cumplido la pena que les fue impuesta por sus crímenes. La suposición de fondo más general es que la pena es una deuda que el criminal contrae con la sociedad a causa de una conducta delictiva, y que una vez saldada esa deuda puede considerarse al criminal como un ciudadano reinsertado. De entrada es una suposición que presume una identificación neta entre el proceso jurídico y el proceso psicológico. Es decir, que si aceptamos eso de la deuda es porque entendemos que la condena por sí misma tiene efecto terapéutico, que simplemente por cumplir la sentencia en prisión un criminal violento habrá dejado de serlo. Como sabemos, en muchos casos así será pero en otros no. Aunque pretendemos que así sea, prisión y reinserción no son equivalentes.

Y ahí no acaba la cosa. Sumado al argumento de que la prisión significa la reinserción y la pena salda la deuda social del criminal, existe otro razonamiento de, digamos, filosofía democrática en contra de las vigilancias post-condena de los delincuentes. Ese razonamiento implica que el Estado no tiene porqué vigilar a un ciudadano libre. El axioma de partida es que una persona que ha sido privada de libertad por un delito y ha cumplido su condena se reintegra de nuevo a la sociedad rehabilitado en todos sus derechos constitucionales. Desde luego es un precepto necesario si aceptamos que el fin de la pena es la reinserción de los delincuentes, la conversión del ciudadano-criminal en un ciudadano integrado. Con la sanción penal, la sociedad no busca retribución, no tiene como fin la venganza, sino curar moralmente al individuo desviado. Así, privado el delincuente de algunos de sus derechos durante la condena, al finalizarla es un ciudadano pleno como otro cualquiera. Es un planteamiento de muy buena voluntad y que la inmensa mayoría de los demócratas suscribimos, aunque perfectamente ilógico en muchos delitos violentos. Ilógico, de entrada, porque los primeros sospechosos de un delito sexual son precisamente quienes ya han cumplido condena por un delito sexual; ilógico porque el predictor más consistente de la violencia es haber ejercido violencia previa; ilógico porque un buen número de delincuentes organizados tienen un interminable historial penitenciario; ilógico porque en ciertas modalidades de delitos como el terrorismo las cárceles actúan a modo de centros de reclutamiento de nuevos agresores o de adoctrinamiento de quienes ya están condenados por serlo. De manera que el argumento filosófico es válido, pero no para todas las expresiones graves de criminalidad. Esos tipos de ciudadanos que han sido delincuentes tienen alguna probabilidad de continuar representando una amenaza aún cuando abandonan la prisión, incluso sobre todo cuando han abandonado la prisión.

Esa naturaleza de amenaza que puede significar un riesgo para la sociedad es, a mi modo de ver, el carril conceptual por donde hay que pensar las medidas post-condena. Y no necesariamente tienen que ser planteamientos penales los que ofrezcan una solución, sino también administrativos, de policía administrativa. Existen multitud de amenazas que están siendo prevenidas a través de regulación administrativa y multitud de ciudadanos que están siendo vigilados incluso antes de delinquir, principalmente sin llegar nunca a delinquir. El sistema de prevención del blanqueo de dinero es un ejemplo de lo primero y la hacienda pública de lo segundo. En el mismo sentido, los agentes del Centro Nacional de Inteligencia no son fuerza de policía pero tienen el mandato de prevenir amenazas casi siempre graves. El CNI desarrolla su labor preventiva fuera del sistema penal, aunque está sometido a control judicial cuando investiga colisionando algún derecho fundamental.

Los franceses tienen una palabra, ‘renseignements’, que significa investigación con propósito de inteligencia. En Francia, dos direcciones de inteligencia encuadradas en el Ministerio del Interior acaban de fusionarse. Los Renseignements Généraux, que tanto y tan bien se han involucrado contra ETA, y la Dirección para la Vigilancia del Territorio se han unificado bajo la denominación de Dirección Central de Inteligencia Interior. Ambas por separado y ahora integradas constituyen un verdadero servicio de inteligencia de seguridad interior; ambas también son departamentos de la policía nacional. Los británicos tienen un servicio de inteligencia interior que no es policial, el MI5. El FBI norteamericano, por su parte, es el prototipo de agencia de seguridad con poderes investigativos policiales frente al crimen que al mismo tiempo ejerce de servicio de inteligencia ante amenazas de seguridad interior. Todos ellos son los encargados de prevenir aquello que pueda constituirse en riesgo para la seguridad del Estado. En España no tenemos una agencia o dirección con poderes operativos de inteligencia de seguridad interior, compartiendo esa labor el CNI y los servicios de información de las fuerzas de seguridad del Estado, policías autonómicas incluidas.

A ningún servicio de inteligencia exterior se le ocurre solicitar autorización judicial en su país para intervenir una línea telefónica en el extranjero. Los servicios de inteligencia operan con reglas distintas cuando se enfocan hacia el exterior sobre ciudadanos ajenos o hacia el interior de sus fronteras sobre ciudadanos propios. En todas las legislaciones, salvo las derivadas del derecho británico, los servicios de policía y las agencias de inteligencia de seguridad interior necesitan un mandato judicial para quebrar derechos fundamentales de los ciudadanos. Ninguna legislación impide, por el contrario, que los servicios de seguridad monitoricen sin tocar derechos constitucionales a individuos que representan amenazas, requiriendo si acaso sospechas sustentables de que un individuo o grupo vigilados representan un riesgo. En todo caso, ya hay jueces que autorizan a quebrar motivadamente el derecho fundamental para prevenir un riesgo a la seguridad nacional, aunque no necesariamente constituya un crimen tipificado.

(publicado en El Correo, 30 agosto 2008)