andrés Montero gómez

Ignoro si la legislación francesa lo permite, pero la española no lo contemplaba hasta que se modificó. Batasuna continúa operando con libertad y cobertura legal en Iparralde, en el denominado País Vasco francés. Si no conociéramos que la cooperación policial y judicial en el seno de la Unión Europea avanza con la lentitud propia de un mecanismo de consenso intergubernamental entre más de veinticinco Estados, sorprendería que un grupo delictivo buscara refugio en un socio comunitario para evitar la acción de la justicia en otro. Hace años ya hubo ejemplos, antes de la orden europea de detención, de facinerosos de ETA que se acogieron a medidas garantistas belgas para evitar ser entregados a España. Batasuna ha venido haciendo turismo jurídico para residir en la Unión Europea a salvo de la acción jurisdiccional española.

Es sabido que la delincuencia organizada se aprovecha de las vulnerabilidades de nuestros sistemas democráticos para extender sus actividades criminales. La doctrina más avanzada en inteligencia para desbaratar los grupos criminales organizados está enfocada sobre la prevención, en un eje general, y sobre el cortocircuito de la economía del crimen, en un eje más específico. Desde hace tiempo hay una rama de los mecanismos de prevención en los esfuerzos de los Estados para reducir las oportunidades de operabilidad de la delincuencia organizada que se conoce con el nombre de “crime proofing” (traducible como “a prueba contra el crimen”). Esta orientación persigue encontrar las lagunas jurídicas que puedan beneficiar a la delincuencia organizada y blindar los aparatos legales de los Estados para que no sean aprovechados por los criminales. Es de sentido común.

Sin ninguna duda, que Batasuna sea legal en Francia o que, a pesar de la ilegalización en España, pueda tener oficinas en otros países de Europa, debilita la acción antiterrorista de los Estados Miembros de la Unión. Hace más de una década que Francia está involucrada directamente en la lucha contra ETA desde los planos judicial, policial y de inteligencia a partir de una declarada voluntad política. Esa implicación se traduce, entre otras cuestiones, en la existencia de unidades policiales y jueces franceses especializados en desarticular comandos etarras, que trabajan junto a fuerzas de seguridad españolas. Así, desde un plano estricto de policía, la cooperación es profunda. Sin embargo, restan todavía vertientes antiterroristas en donde el gobierno francés puede implicarse para desarrollar una estrategia integrada frente a ETA. Era difícil demandárselo antes, puesto que ni siquiera el Estado español tenía conciencia clara de ser un todo contra el terrorismo etarra. Aún hoy, todavía parece a veces que los tres poderes del Estado no tuvieran claro que la amenaza de ETA se define, precisamente, contra la fórmula de convivencia de donde emanan esos tres poderes.

Ahora es momento de solicitar de Francia y del conjunto de la Unión Europea avanzar con respecto a ETA en lo que la propia comunidad de socios ha definido como espacio único de libertad, seguridad y justicia para sus ciudadanos. Al igual que podría hacerlo cualquier grupo mafioso, ETA aprovecha parte de la aplicación de la legislación francesa para beneficiarse y crear una vulnerabilidad para la democracia en territorio europeo. Y no es que la ley francesa sobre partidos políticos no esté bien redactada en términos de crime proofing. Lo que ocurre es no se está aplicando, bien porque no se ha subrayado esa posibilidad en alguno de los diseños de coordinación de ambos países en acción antiterrorista o bien, más probablemente, porque no se haya considerado oportuno estratégicamente. Pues bien, ya parece ser oportuno estratégicamente.

Además de los comandos, ETA está instalada en Francia a través de Batasuna y, casi con seguridad, a través de negocios e inversiones para sostener su estructura financiera. Respecto de la presencia de una formación con pantalla política que en España es ilegal (precisamente por tratarse de una pantalla de actividades criminales), la legislación francesa sobre partidos demanda que los grupos dedicados a la política se adhieran a los principios republicanos, respeten la integridad territorial y adopten el axioma de la soberanía popular. Escarbando nada más que un poco o, simplemente, asumiendo las decisiones judiciales españolas sobre Batasuna, la oficina etarra en Bayona debería estar clausurada por ilegalizada. La Audiencia Nacional española lleva tiempo solicitándolo.

Desconocemos si Batasuna está en la lista europea de individuos y grupos terroristas, porque esta lista es, como debe ser, secreta. Lo que sí sabemos es que Batasuna, en coalición con Eusko Alkartasuna y Abertzaleen Batasuna, concurrió a las legislativas francesas del año pasado con el nombre de EHBai. La coalición obtuvo 10700 votos en el recuento. La lista europea de terroristas es secreta, pero suponemos razonablemente que no puede permitirse a un inscrito en ella presentarse a elecciones en el espacio de la Unión. También, que casi lo primero que se deriva de verse inscrito en ella, en la lista, es el bloqueo de cuentas e instrumentos financieros.

En definitiva, Batasuna opera desde Francia y parte de las finanzas de ETA también. El reconocimiento mutuo de sentencias judiciales entre Estados miembros es el pilar, así establecido por la propia Comisión Europea, del espacio judicial común. Ese espacio, a su vez, es un componente de una de las señas de identidad de la Europa del siglo XXI, el espacio de libertad, seguridad y justicia para sus ciudadanos. La sintonía entre Sarkozy y Zapatero, por un lado, y la determinación demostrada por el presidente y exministro del Interior francés contra la criminalidad, podrían materializarse en la equiparación definitiva de España y Francia en el tratamiento de un fenómeno transnacional de terrorismo como, desde cualquier óptica, es ETA. El último comunicado de la banda terrorista dedica suficientes menciones antirrepublicanas y antiterritoriales a Francia como para que sus autoridades hagan uso de instrumentos europeos para reducir las oportunidades de operar en territorio francés al conglomerado de ETA. Tres deben ser los frentes de acción, contra el aparato político, contra el financiero y contra el social, sendas expresiones de una estrategia terrorista integrada frente a la que hay que responder, también, de manera integrada.

(publicado en El Correo, 11 enero 2008)