¿POR QUÉ LAS MATAN?

A tenor del diagnóstico que hace el Observatorio Estatal de Violencia de Género, las muertes de mujeres por sus parejas masculinas asciende progresivamente desde principios de esta década, con una mínima reducción en 2005 que inmediatamente repunta al año siguiente. Tal vez el efecto de exigua amortiguación de los femicidios en 2005 tenga relación con la entrada en vigor ese año de la Ley Integral sobre Violencia de Género, considerando además que el pico máximo de las muertes desde entonces hasta la actualidad permanece por debajo de las cifras de la primera parte de la década (de hecho, representa un 11% menos). Lo positivo es que cada mujer menos que muere es una vida que se salva, pero lo negativo continúa siendo que se producen los asesinatos. Quien asesina no es extranjero o nacional, sino hombre. Quien muere, mujer.

Los femicidios son crímenes por convicción, igual que lo es el terrorismo. El asesino tiene la convicción de que es necesario matar. Es difícil de aceptar, pero quizás más de comprender y sobre todo de interiorizar para muchas personas, que la violencia hacia las mujeres tenga relación con el género, es decir, que maten a mujeres por el hecho de ser mujer. Por ello se ha denominado violencia de género a este tipo de violencia, entendiendo el género, según las ciencias sociales, como la construcción mental que asigna funciones y roles personales e interpersonales diferenciados en función del sexo. Pues bien, es contraintuitivo para muchas personas entender que un hombre, que muchos hombres, asesinen a mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. Cuando muchos ciudadanos reflexionan sobre el argumento de que las mujeres asesinadas anualmente en violencia de género lo han sido por su condición de mujer, no acaban de asimilarlo, no acaban de creérselo. Esta incredulidad tiene dos orígenes. El primero, la socialización de género que todos y todas hemos recibido. El segundo, que cuando pensamos en los agresores de mujeres y nos los intentamos imaginar pensando en matar a la mujer por el hecho de ser mujer, estamos errando en la atribución del pensamiento, les estamos atribuyendo un pensamiento equivocado, porque efectivamente no piensan en matarlas por el hecho de ser mujeres.

¿Qué significa esto?, ¿estamos diciendo que las matan por el hecho de ser mujeres pero que el asesino ni siquiera ha reflexionado sobre ello cuando comete el crimen?. De hecho, es justamente así. La explicación es relativamente sencilla, pero hay que estar abierto a entenderla. La violencia de género es un crimen por convicción. El agresor aplica la violencia para mantener el comportamiento de la mujer dentro de unos parámetros que responden, exclusivamente, a la voluntad del hombre. De esta manera, el agresor está convencido de su legitimación para utilizar la violencia con el fin de lograr que la mujer se comporte conforme a un orden determinado. En eso, los agresores de mujeres no se diferencian de ninguno de los dictadores totalitarios que han asolado la historia de la humanidad. El agresor de género es un dictador que impone su voluntad por medio de violencia en el marco interpersonal de una relación de pareja. Hasta aquí, siguiendo el argumento, todavía no hemos mencionado el componente de género, es decir, ese constructo, definido por la socialización, que asigna roles sociales y personales diferenciados a los individuos en función del sexo.

Pues bien, antes de seguir, debemos llegar a un acuerdo. Tenemos que acordar que la sociedad, tal como la hemos construido, está sustentada en códigos de dominancia masculina sobre la subordinación femenina. No creo que sea difícil, con los matices que sean necesarios, aceptar por la mayoría de la población que, efectivamente, la desigualdad entre hombres y mujeres, descompensada hacia la preponderancia de lo masculino, ha sido la regla dominante sobre la que hemos construido nuestra sociedad. A medida que el progreso ha ido avanzando, nos hemos ido liberando de discriminaciones y esclavitudes. La revolución francesa puso de manifiesto el fin de las esclavitudes de clase, la americana el fin de las esclavitudes de raza y la feminista en fin de la esclavitud de género. Ahora tenemos otras esclavitudes más globales, como la económica, la geoestratégica, pero las democracias han declarado abolidas legalmente aquellas otras tradicionales. Sin embargo, por muy legalmente que se hayan subvertido ciertas esclavitudes, los códigos sociales continúan transmitiéndose de generación a generación. La igualdad de ley existe, pero todavía tenemos techos, de cristal o de hormigón, que obstaculizan la equidad de acceso y representación entre hombres y mujeres. Esos techos están construidos con nuestros prejuicios, con nuestros modelos mentales, con nuestras formas de entender el mundo. Y estos productos mentales continúan heredándose. La familia es donde se practica la primera y más fuerte socialización. Afortunadamente, la transmisión de códigos de géneros es paulatinamente menos marcada en dominancia masculina en la sociedad de hoy, pero la decadencia del modelo hegemónico de masculinidad es lenta, costará muchas décadas y desigualdades todavía y, ante todo, exige que todos y todas lo tengamos claro, claro que existe y claro que queremos cambiarlo.

La definición de cada rol de género está basada en el modelo sociológico dominante. Ese modelo, de momento y aunque más debilitado, continúa siendo el masculino. El rol que asigna el modelo a los hombres en función de su sexo es dominar y a las mujeres, ser dominadas. Eso es así a grandes rasgos, sin entrar en tonalidades. Si estamos de acuerdo en que la sociedad continúa construyéndose en masculino pero que hay una revolución constante y sostenida hacia la igualdad de género, podremos continuar con el razonamiento que subyace a la violencia de género.

Hay hombres, los agresores de mujeres, que socializados como los demás en el código masculino dominante, entienden que su pareja tiene no sólo que comportarse de una manera determinada, sino que “ser” de una manera muy determinada. La violencia de género es el instrumento del agresor para anular la personalidad de la mujer y conformar un nuevo ser, una nueva identidad, sometida y subordinada a los deseos de ese hombre concreto. En la medida en que la mujer opina, siente, razona, se conduce, se comporta, se expresa o se emociona desviándose del patrón de personalidad que el agresor considera debe ser el adecuado para “su mujer”, el hombre utilizará la violencia. Unos agresores harán uso intensivo de la violencia psicológica, otros la combinarán con violencia física y sexual, pero todos los que la ejercen lo harán con el objetivo de “reconducir” la personalidad e identidad de la mujer hacia parámetros de conveniencia masculina. El hombre, en un marco de violencia de género, es el tirano que se cree con legitimidad para someter a la mujer. ¿De dónde procede esa legitimidad?. Es autoconcedida, desde luego, pero además ese hombre agresor la entiende conferida por la sociedad, que hace décadas de forma explícita y en la actualidad más tácitamente le ha educado en la convicción de que, en cierto modo, tiene derecho a imponerse a “su” mujer, a exigir que ella se comporte como “debe” hacerlo una mujer.

Al final, pues, el hombre agresor no ejerce su violencia hacia la mujer en la conciencia literal de que lo hace porque ella es una mujer, sino en la convicción de que tiene derecho a someterla, a corregirla como persona, porque tiene superioridad moral sobre ella. Tal vez, si nos imaginamos la configuración de ese derecho tradicional y hegemónico en la mente del agresor, estaremos en mejores condiciones de entender la secuencia de violencia que conduce al asesinato.

El asesinato de la mujer en violencia de género representa el fracaso del agresor para someterla. En realidad y paradójicamente el agresor no desearía llegar al asesinato, no querría, sino que en función del código moral que ha establecido para respaldar su conducta auto-legitimada de violencia, se ve obligado a llegar a esa solución final. La realidad de muchas mujeres es mucho más trágica y dura de lo que incluso imaginamos. Lo que prefería el violento sería continuar ejerciendo su tiranía y tortura sobre la mujer durante toda la vida. El agresor llega hasta el asesinato porque la mujer quiere ser libre, tener la libertad que nos hemos dado en las imperfectas democracias tras innumerables sacrificios y revoluciones. Así, más del ochenta por ciento de las muertes en violencia de género se producen en el contexto de una eventual ruptura de la pareja a instancias de una mujer, una esclava, que quiere romper sus ligaduras y reencontrarse con su identidad arrebatada. Por eso las matan.

(publicado en El Correo, 28 enero 2008)

ILEGALIZAR EN FRANCIA

Ignoro si la legislación francesa lo permite, pero la española no lo contemplaba hasta que se modificó. Batasuna continúa operando con libertad y cobertura legal en Iparralde, en el denominado País Vasco francés. Si no conociéramos que la cooperación policial y judicial en el seno de la Unión Europea avanza con la lentitud propia de un mecanismo de consenso intergubernamental entre más de veinticinco Estados, sorprendería que un grupo delictivo buscara refugio en un socio comunitario para evitar la acción de la justicia en otro. Hace años ya hubo ejemplos, antes de la orden europea de detención, de facinerosos de ETA que se acogieron a medidas garantistas belgas para evitar ser entregados a España. Batasuna ha venido haciendo turismo jurídico para residir en la Unión Europea a salvo de la acción jurisdiccional española.

Es sabido que la delincuencia organizada se aprovecha de las vulnerabilidades de nuestros sistemas democráticos para extender sus actividades criminales. La doctrina más avanzada en inteligencia para desbaratar los grupos criminales organizados está enfocada sobre la prevención, en un eje general, y sobre el cortocircuito de la economía del crimen, en un eje más específico. Desde hace tiempo hay una rama de los mecanismos de prevención en los esfuerzos de los Estados para reducir las oportunidades de operabilidad de la delincuencia organizada que se conoce con el nombre de “crime proofing” (traducible como “a prueba contra el crimen”). Esta orientación persigue encontrar las lagunas jurídicas que puedan beneficiar a la delincuencia organizada y blindar los aparatos legales de los Estados para que no sean aprovechados por los criminales. Es de sentido común.

Sin ninguna duda, que Batasuna sea legal en Francia o que, a pesar de la ilegalización en España, pueda tener oficinas en otros países de Europa, debilita la acción antiterrorista de los Estados Miembros de la Unión. Hace más de una década que Francia está involucrada directamente en la lucha contra ETA desde los planos judicial, policial y de inteligencia a partir de una declarada voluntad política. Esa implicación se traduce, entre otras cuestiones, en la existencia de unidades policiales y jueces franceses especializados en desarticular comandos etarras, que trabajan junto a fuerzas de seguridad españolas. Así, desde un plano estricto de policía, la cooperación es profunda. Sin embargo, restan todavía vertientes antiterroristas en donde el gobierno francés puede implicarse para desarrollar una estrategia integrada frente a ETA. Era difícil demandárselo antes, puesto que ni siquiera el Estado español tenía conciencia clara de ser un todo contra el terrorismo etarra. Aún hoy, todavía parece a veces que los tres poderes del Estado no tuvieran claro que la amenaza de ETA se define, precisamente, contra la fórmula de convivencia de donde emanan esos tres poderes.

Ahora es momento de solicitar de Francia y del conjunto de la Unión Europea avanzar con respecto a ETA en lo que la propia comunidad de socios ha definido como espacio único de libertad, seguridad y justicia para sus ciudadanos. Al igual que podría hacerlo cualquier grupo mafioso, ETA aprovecha parte de la aplicación de la legislación francesa para beneficiarse y crear una vulnerabilidad para la democracia en territorio europeo. Y no es que la ley francesa sobre partidos políticos no esté bien redactada en términos de crime proofing. Lo que ocurre es no se está aplicando, bien porque no se ha subrayado esa posibilidad en alguno de los diseños de coordinación de ambos países en acción antiterrorista o bien, más probablemente, porque no se haya considerado oportuno estratégicamente. Pues bien, ya parece ser oportuno estratégicamente.

Además de los comandos, ETA está instalada en Francia a través de Batasuna y, casi con seguridad, a través de negocios e inversiones para sostener su estructura financiera. Respecto de la presencia de una formación con pantalla política que en España es ilegal (precisamente por tratarse de una pantalla de actividades criminales), la legislación francesa sobre partidos demanda que los grupos dedicados a la política se adhieran a los principios republicanos, respeten la integridad territorial y adopten el axioma de la soberanía popular. Escarbando nada más que un poco o, simplemente, asumiendo las decisiones judiciales españolas sobre Batasuna, la oficina etarra en Bayona debería estar clausurada por ilegalizada. La Audiencia Nacional española lleva tiempo solicitándolo.

Desconocemos si Batasuna está en la lista europea de individuos y grupos terroristas, porque esta lista es, como debe ser, secreta. Lo que sí sabemos es que Batasuna, en coalición con Eusko Alkartasuna y Abertzaleen Batasuna, concurrió a las legislativas francesas del año pasado con el nombre de EHBai. La coalición obtuvo 10700 votos en el recuento. La lista europea de terroristas es secreta, pero suponemos razonablemente que no puede permitirse a un inscrito en ella presentarse a elecciones en el espacio de la Unión. También, que casi lo primero que se deriva de verse inscrito en ella, en la lista, es el bloqueo de cuentas e instrumentos financieros.

En definitiva, Batasuna opera desde Francia y parte de las finanzas de ETA también. El reconocimiento mutuo de sentencias judiciales entre Estados miembros es el pilar, así establecido por la propia Comisión Europea, del espacio judicial común. Ese espacio, a su vez, es un componente de una de las señas de identidad de la Europa del siglo XXI, el espacio de libertad, seguridad y justicia para sus ciudadanos. La sintonía entre Sarkozy y Zapatero, por un lado, y la determinación demostrada por el presidente y exministro del Interior francés contra la criminalidad, podrían materializarse en la equiparación definitiva de España y Francia en el tratamiento de un fenómeno transnacional de terrorismo como, desde cualquier óptica, es ETA. El último comunicado de la banda terrorista dedica suficientes menciones antirrepublicanas y antiterritoriales a Francia como para que sus autoridades hagan uso de instrumentos europeos para reducir las oportunidades de operar en territorio francés al conglomerado de ETA. Tres deben ser los frentes de acción, contra el aparato político, contra el financiero y contra el social, sendas expresiones de una estrategia terrorista integrada frente a la que hay que responder, también, de manera integrada.

(publicado en El Correo, 11 enero 2008)

LA RESPIRACIÓN ASISTIDA DE ETA

Cuando un comunicado oficial del gobierno vasco sobre una resolución judicial se parece tanto a lo que bien pudiera haber sido un comunicado de ETA publicado en el Zutabe es que estamos ante un problema. De muchas maneras se ha escrito, se ha dicho y se ha constatado que la comprensión, por expresarlo suavemente, del nacionalismo vasco hacia la “causa” etarra representa el oxígeno para la supervivencia de un patógeno social como ETA que, aún débil, continúa asesinando con la respiración asistida del abertzalismo. Ésa es la auténtica desnormalización política de Euskadi, tan planteada como raíz originaria de un conflicto a resolver. Cuando el gobierno de una comunidad autónoma se expresa como pudiera haberlo hecho ETA es que, francamente, existe un problema político.

El conflicto vasco, no obstante, no tiene la fisonomía que desde ETA y el abertzalismo se nos está vendiendo. Algunos argumentarán que los síntomas de desnormalización política en Euskadi son el efecto de una enfermedad, enfermedad que responde al diagnóstico de nacionalismo. A mi modo de ver, el nacionalismo es una opción política que tiene cabida en la democracia y que, después, nos puede parecer más o menos paleta, estrecha o narcisista. Lo que más bien parece, por el contrario, es que el nudo gordiano de la disfuncionalidad política vasca no es la mera existencia del nacionalismo, sino el hecho irrefutable que desde su propio seno germinara un grupo de individuos que decidiera asesinar para imponer el totalitarismo ideológico en la sociedad vasca. Desde los años cincuenta, ése es el problema de Euskadi, puesto que el PNV no ha sido capaz en todo este tiempo de enfrentarse con claridad a individuos que pensaban en aberzale, igual que el PNV, pero que querían obligar a otros a adoptar ese pensamiento por la violencia.

En todo lo referente a planteamientos políticos, cuando el PNV ataca a ETA se ataca a sí mismo. Por eso no lo hace. Es natural que la sentencia del juicio 18/98 haya escocido tanto al PNV y a EA, al abertzalismo vasco en genérico. Lo extraño hubiera sido lo contrario. Conviene recordar que el año en que se inician las investigaciones de la Audiencia Nacional que han determinado la condena penal, los partidos jeltzales habían suscrito un acuerdo que pretendía ser un pacto con las ideas, con el frente político, de ETA. En un auténtico ejercicio disociativo de negación de la realidad, el PNV pretendía rescatar con Lizarra esa porción sentimental del discurso político abertzale que comparte con ETA y desvincularlo de la violencia. Era esa pretensión imposible la que se reflejaba en el rostro de los responsables peneuvistas de la época cuando se extrañaban tanto de que el resto del planeta humano no entendiera que ellos únicamente estaban intentando proteger las ideas etarras, las ideas abertzales compartidas, al tiempo que reprobaban sus métodos. Nadie lo entendía porque no puede entenderse. No puede entenderse porque los métodos de ETA son indisolubles de sus ideas. Los miembros de ETA tienen unas ideas sobre política y sociedad en Euskadi y han decidido, como cualquier otro totalitarismo, que deben ejercer la violencia para obligar a otros a adoptarlas.

Una de las imposibilidades, bastante objetivas, en todo el tratamiento que el peneuvismo más ortodoxo hace de ETA es el intento de desligar los argumentos al servicio de la violencia de los instrumentos terroristas puestos al servicio de esos argumentos. No es posible porque la combinación de ambos, instrumentos violentos y argumentos, es lo que conforma la naturaleza de ETA. La desvinculación dejaría a ETA sin existencia. El argumentario abertzale separado de la violencia es equivalente al PNV. De hecho, así expuesto, es dificilísimo que el PNV pueda entender la sentencia 18/98 porque la identificación con el reo en su plano mental es tan elevada que el abertzalismo jeltzale se siente agredido por ella, por encima del cuestionamiento jurídico que toda sentencia puede y debe tener. O sea, dicho muy claramente, si ETA no fuera una organización terrorista y la violencia no estuviera presente, en su plano político podría ser una corriente crítica dentro del propio PNV. Por eso llegó Lizarra, por eso se ha ido Imaz.

En el momento en que se inicia la causa 18/98 el abertzalismo suscribía un pacto de hermandad al que se ha renunciado nominal pero nunca sentimentalmente. Lizarra es natural, porque abertzales son todos quienes lo firmaron. La misma familia, algunos de cuyos primos son antisociales y otros asesinos…. ¿qué hacer con ellos?, ¿expulsarlos de la familia?, ¿tratar de reconducirlos?; ante todo, evitar que sean extinguidos desde el exterior hasta que se encuentre la manera de hacerlos entrar en razón; porque son de los nuestros.

El sumario 18/98 supone tal avance del Estado de Derecho en su concepción del terrorismo que ni siquiera los ponentes de la sentencia ni el aparato legislativo han alcanzado todavía la pericia jurídica para dotarlo de la elegancia matemática que se requiere en un sistema garantista. El ejemplo más claro son las circunvoluciones alrededor de la Fundación Josemi Zumalabe, destinada por ETA a la desobediencia civil contra el Estado. El análisis que se hace sobre la sentencia en ese punto es que se está condenando el propio acto de la desobediencia civil o que se está criminalizando la opinión de unos ciudadanos. Oiga, es que la desobediencia civil en este caso es un ingrediente más del terrorismo, por eso se condena. Igual que las relaciones internacionales de ETA a través de Xaki no se condenan por xenofobia, sino porque es un instrumento al servicio del terrorismo. La complicación legal es que todavía no hemos afinado bien la técnica jurídica para contextualizar bien, tipológica, procesal y penalmente, que las conductas al servicio del terrorismo, por muy legítimas que sean cuando se realizan en otro ámbito social, en cuanto vinculadas y sirvientes de la violencia son penalmente, deben ser penalmente sancionables. A los desobedientes civiles de ETA se les acusa no por su desobediencia, sino porque está puesta al servicio del terrorismo, es decir, es una conducta no suficiente pero sí necesaria para el mantenimiento de ETA. Por tanto, delictiva.

(publicado en El Correo, 27 diciembre 2007)

ESTRATEGIA INTEGRADA CONTRA ETA

ETA ha asesinado a dos guardias civiles en Francia. El atentado no merece, a estas alturas, demasiado análisis. ETA es una organización criminal profesional y se dedica a asesinar. Lo hace cuando le interesa en función de sus propias dinámicas internas, el objetivo de las cuales es mantenerse asesinando para obligarnos a cambiar nuestro comportamiento colectivo por medio del terror. A estas alturas no debemos pretender que los etarras entiendan que el modelo colectivo de convivencia no van a cambiarlo con la violencia, porque el terrorismo para ETA ha pasado de ser un instrumento criminal para convertirse en un modo de vida, un modo de vida basado en la muerte de los demás, muerte civil o muerte biológica. Hemos llegado al final.

La política antiterrorista ha de estar basada en el desmantelamiento de ETA. Si ése no es su centro de gravedad, la política antiterrorista estará equivocada. Esa política puede articularse a través de varias estrategias, estrategias que han de acompasarse a las condiciones más favorables para el Estado en cada momento evolutivo concreto de la situación. Ha habido momentos a lo largo de nuestra democracia en donde la estrategia ha sido contactar con ETA y entablar conversaciones para encontrar una vía de desmantelamiento. En todas esas ocasiones de diálogo, ETA ha salido reforzada. Otra estrategia ha sido aplicar toda la presión del Estado sobre las distintas dimensiones que configuran a ETA, desde sus comandos asesinos pasando por sus siglas políticas, siguiendo por las empresas pantalla, sus finanzas o su comunicación. De esta estrategia, ETA habitualmente ha salido más o menos debilitada dependiendo de las coyunturas en cada uno de sus períodos históricos. En resumen, la estrategia de diálogo siempre ha fracasado y la estrategia de represión todavía no ha obtenido todos los frutos potenciales que podría conseguir.

La estrategia de la represión de ETA en política antiterrorista no ha funcionado nunca plenamente porque nunca se ha aplicado plenamente. Después de 1988 y sin llegar a cumplirse una década, la estrategia de la represión se enmarcaba en el paradigma político del Pacto de Ajuria Enea, pero su operacionalización era muy débil. Había acuerdo político, unidad de los partidos frente al terrorismo de ETA, las medidas policiales eran intensas y la cooperación con Francia mejoraba paulatinamente, pero la estrategia del Estado no era integral. Ajuria Enea no estuvo acompañada por una intervención decidida sobre el aparato político de ETA, ni sobre sus finanzas, empresas o sus comunicaciones. Por tanto, si contamos menos de una década después de firmarse Ajuria Enea, llegamos a la conclusión de que contábamos con unidad política, pero la falta de visión integrada de la acción del Estado, que no intervenía en paralelo sobre todos los frentes de ETA, se traducía en que la debilidad de una parte del entramado terrorista se compensaba con la fortaleza de otros de sus componentes.

Tras unos años de agonía de Ajuria Enea llegó otro pacto, el de Lizarra, en 1998. El acuerdo del nacionalismo vasco con ETA personificó la defunción de la unidad democrática contra el terrorismo. Sin embargo, casi como mecanismo de equilibrio, diversos poderes del Estado reordenaban la estrategia de represión dirigiéndola hacia una articulación más integrada y paralelamente distribuida contra casi todas las aristas de ETA. El fin de Ajuria Enea supuso el principio del mejor esquema operacional de la estrategia de represión de ETA en la historia, incluyendo planos de intervención legal allá donde antes había habido permisividad. Así, la Audiencia Nacional iniciaba la instrucción de causas contra las finanzas de ETA, se actuaba contra las empresas pantalla del terrorismo, se continuaba desarticulando comandos y, finalmente, tanto por vía administrativa como por la judicial se ilegalizaba el aparato del terrorismo dedicado a infiltrar las instituciones políticas. Continuaban quedándose fuera de la acción del Estado algunas parcelas del movimiento terrorista vasco que han penetrado la sociedad de Euskadi, como la sindical o distintas fórmulas antisociales disfrazadas de voluntariado, pero el Estado redujo a ETA a su mínima expresión. Incluso, la desunión política trató de paliarse con el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que añadió solidez a las medidas antiterroristas aun dejando fuera a fuerzas políticas que no compartían la estrategia contra ETA, algunas como el PNV deudoras de Lizarra. El resultado de esta etapa fue un debilitamiento neto, apreciable y objetivable del grupo terrorista.

A partir del 2004, el presidente del gobierno reorienta la estrategia antiterrorista de nuevo hacia el diálogo para el desmantelamiento de ETA. Contaba (luego hemos comprobado que erróneamente) con que la desnutrición de la banda, fruto de la estrategia anterior, posicionaba al Estado en ventaja negociadora. La conclusión de esa intentona del Estado ya la conocemos, con el consiguiente reforzamiento de ETA y una nueva penetración de su facción política en las instituciones.

El análisis de la secuencia de tantos años nos desvela que dos son los parámetros sustanciales para un esquema efectivo frente a ETA. El primero, es que la desunión de los partidos políticos enflaquece la acción del Estado contra el terrorismo y fortalece a ETA. El PNV no ha debido de enterarse de esto (o se ha enterado muy bien) cuando continúa legitimando la mesa de partidos de la estrategia de ETA. La segunda enseñanza es que la estrategia del diálogo en la política de desmantelamiento de ETA nunca ha funcionado. Por tanto, la experiencia nos dicta que la combinación más eficiente para desactivar, con el tiempo que sea necesario, a ETA es articular el esquema más amplio, paralelo e integral de acciones individuales pero coordinadas de los poderes del Estado sobre todos y cada uno de los frentes del conglomerado de ETA, montado este esquema sobre un acuerdo amplio de los partidos políticos frente al terrorismo. Es decir, actuar contra ETA en cada una de las dimensiones de las que la propia banda terrorista se ha dotado para ejercer la violencia. Esto parece de sentido común, pero nunca se ha aplicado en su globalidad e integridad. Si a algún político le preocupa el recuento de votos, puede relajarse en ese sentido: la ciudadanía apoyaría esa estrategia integral sin cortapisas. De la misma manera, la última y paupérrima concentración de Madrid ha revelado que la población está harta de imposturas frente al terrorismo, que no cree en acuerdos de mentira, en pastiches publicitarios pre-electorales.

Zapatero tiene la oportunidad de reorientar definitivamente su estrategia frente a ETA en política antiterrorista siguiendo la modificación que ya había comenzado a poner en práctica desde el naufragio de la anterior estrategia de diálogo. Ahora, dos guardias civiles han entregado sus vidas proporcionándole al gobierno, en el marco de la tragedia, la palanca para operar en toda su extensión el giro estratégico apropiado que ya parecía estarse maniobrando, aunque con cierto apocamiento, desde el timón de la Moncloa. Es el instante preciso para regresar a la estrategia integral de represión de ETA que el propio Zapatero configuró en su propuesta de pacto por las libertades. Los primeros pasos los emprendió el Ministerio del Interior tras el atentado de Barajas y los ha continuado la judicatura. Ahora toca desarmar políticamente a ETA ilegalizando a ANV, cuyos fines y propósitos son tan evidentes que no será complicado reunir pruebas al respecto. A reglón seguido habrá que fiscalizar mejor al PCTV. Si la guardia civil desarticulara la cúpula de ETA en Francia se simbolizaría de forma ideal el asentamiento de una estrategia que ya es momento de que nuestros políticos comiencen a aplicar en toda su extensión. Después deberían venir medidas imaginativas que hasta ahora no se han ensayado para exprimir al máximo las posibilidades legales del Estado y reducir la presencia de cualquier partícula de abertzalismo etarra en nuestra sociedad. Como se demostró con la ilegalización de HB, estas capacidades del Estado, cuando se funciona como Estado, son mayores de las que se habían implementado hasta entonces. Todavía queda mucho potencial.

(publicado en El Correo, 9 diciembre 2007)

EL MERETRICIO DE LA DEMOCRACIA

Hace muy poco, Hugo Chávez anunciaba que la refundada República Bolivariana de Venezuela comenzaría a desarrollar un programa nuclear propio, en principio con fines pacíficos. Argentina y Brasil ya los tienen. Venezuela posee unos sustanciosos yacimientos de uranio en su región de la Guayana, al sur del Oricono. De lo que no dispone Hugo Chávez es de tecnología para el enriquecimiento de uranio, pero Irán sí.

Actualmente, Venezuela es Hugo Chávez. Si se hubiera aprobado la reforma constitucional del 2 de diciembre lo sería todavía más. Por fortuna, la población bolivariana no está tan anestesiada y anulada como la soviética. No obstante, no se dejen engañar, porque el poder del presidente venezolano todavía es absolutista. La reforma hubiera representado una pirueta adicional sobre la reescritura de la Constitución que ya realizó Hugo Chávez nada más asumir la presidencia en 1999. El propósito declarado de la cirugía plástica constitucional es convertir a Venezuela en una república socialista e indígena, terminología de marketing político que se traduce en que el Estado en sus diversas variantes y formas toma el control de todo. El trasfondo de este golpe de mano es que el control del Estado sólo tenga, a su vez, otro control, la voluntad del presidente de la república. Así las cosas, presumo que Venezuela continúa siendo lo que diga Chávez.

Tal vez sea por casualidad, pero todos los candidatos populistas que últimamente han desembarcado a través de las urnas sobre el timón de diversos de los Estados de Latinoamérica, desde Ecuador a Bolivia, desde Nicaragua a Venezuela, han aplicado su bisturí revolucionario siempre en dos sentidos. Antes o después, en uno u otro orden de prelación, esas dos incisiones de cirugía remodelativa siempre han venido siendo nacionalizar los recursos, los energéticos y financieros con preferencia, y poner las nacionalizaciones bajo el control del proclamado presidente de la república. Los martillazos instrumentales para lograr el resultado más conveniente de ambas intervenciones de cirugía de precisión han sido aplicar en paralelo el cincel sobre cualquier expresión opositora, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial, en los medios de comunicación, en la empresa y en la sociedad civil.

La profundidad legislativa y el intuitivo calado político de la refundación chavista quedan paradigmáticamente simbolizados en que la ciudad de Caracas hubiera acabado denominándose, según la nueva constitución, Cuna de Bolívar y Reina del Guaraira Repano. Ingeniería semántica para activar emocionalmente a la población desviando su maltrecha atención de las verdaderas intenciones de la reforma. La administración de referendos anestésicos sobre la población para introducir el totalitarismo ya fue inventado por Adolfo Hitler y el entierro de la libertad (de empresa, de expresión, de pensamiento) bajo la manu militari de un caudillo apellidado de socialista aplicado por Stalin. Es como si réplicas de los nefastos terremotos totalitarios de la Europa del siglo pasado estuvieran manifestando sus perfiles sísmicos ahora en Latinoamérica. La consigna es prostituir a la democracia para valerse de ella. Y con ese objeto, valerse del descontento de grandes grupos de población ignorantes, de derechos marginados y usurpados durante décadas por élites descendientes de europeos en esos mismos países que ahora pretender salvarse de sí mismos asfixiando a la democracia bajo el peso de la semántica populista.

Lo que ocurre ahora en algunos países de Latinoamérica es la trágica representación de la incesante lucha del ser humano por escapar de tentaciones liberticidas, de intentos de dominar al otro. La democracia la practicaron ya en Grecia, no es un descubrimiento moderno, pero desde entonces son permanentes los conatos de someterla. Las constantes históricas en los atentados sufridos por la democracia desde los griegos han sido la existencia de un visionario que creía que el resto de la población tenía que ser conducida sin tener en cuenta la voluntad popular (todo para el pueblo pero sin el pueblo); la articulación de grupos de interés parásito que apoyaban a ese visionario a fin de obtener un beneficio coyuntural a costa del destrozo colectivo que fuera menester; y la apelación a ideologías míticas o religiones como disfraz para las operaciones de saqueo y desafuero de la voluntad popular. Y luego, mucha literatura y verborrea para disfrazar otro ejercicio más de totalitarismo.

Tengo mis dudas sobre que realmente Chávez quiera impulsar un programa nuclear real, aunque ninguna sobre su alianza con la nuclearización de Irán. En la nueva realidad geopolítica global, el recurso al armamento nuclear está convirtiéndose en el ansiado carnet de baile del que tanto Estados fallidos como emergentes quieren dotarse para dibujarse como un punto atómico en el mapa de la multipolaridad global. Todo a costa de la seguridad de poblaciones ignoradas, engañadas y empobrecidas para que caudillos totalitarios puedan sostener su absolutismo, como en Pakistán, sentados sobre una bomba.

La democracia no consiste en votar cada cuatro o siete años. La esencia democrática son los derechos individuales, la seguridad jurídica y, sobre todo, la división de poderes en un esquema de control compartido de las esferas públicas. Nada de eso habría en Venezuela con un presidente que es jefe de estado y de gobierno, comandante supremo de la fuerzas armadas, jefe de la administración, autoridad monetaria, conductor de la televisión, máximo responsable petrolero, banquero jefe y, si le animamos, vigilante de la playa. Todo, en un país con la oposición perseguida y mutilada, el parlamento privado de diversidad, y los medios de comunicación censurados. Por eso se le llama dictador, no únicamente por perpetuarse en el poder a través de una Constitución amañada.

El control de los recursos energéticos y la nuclearización estarían en la base de los nuevos sistemas políticos emanados del fin de la guerra fría en donde estados sin cultura democrática, como Rusia, tienen que reposicionarse en escenarios geopolíticos donde las divisiones de bloques han perdido valor. Ahora, como si los Estados fueran empresas, el objetivo es ubicarse geoeconómicamente. Ahí, en el nuevo tablero, existen dos fuerzas verticales, la energética y la militar, y dos horizontales, la nuclear y la económica, para que cada país pueda jugar sus ventajas diferenciales. Las dos primeras están atravesadas por las dos segundas. La nuclearización tiene que ver con la energía y, si se extienden las capacidades de enriquecimiento de uranio, con la militar. La inteligencia económica la simboliza la Francia de Sarkozy, primera en situar al presidente de la república como presidente-director general del Estado, que viaja para cerrar contratos y anclar estratégicamente a sus empresas. Incluso podríamos decir que quien mejor ha entendido la nueva matriz cuadrangular global (nuclear, militar, economía y energía) es Francia, aunque no sea un productor energético ni un contribuyente militar neto a la OTAN. Éste último aspecto cambiará y, sobre la energía, son visibles sus intentos de aprovechar su primacía estratégica en el Magreb. La nueva partida de ajedrez será entre viejas democracias y dictaduras energéticas de influencia global. De momento, Venezuela está en el grupo de las democracy killers.

(publicado en El Correo, 5 diciembre 2007)

SÍNDROME DE ALIENACIÓN PATRIARCAL

El País publica un artículo firmado por Carmen Morán y titulado "programados para odiar a papá" (que en la edición en Internet se ha modificado por "para odiar a papá y mamá"). Escrito en forma de reportaje, el artículo se centraba específicamente en un concepto denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP). Obviando la controversia científica que internacionalmente existe en torno a ese concepto, el autor del reportaje describe la eventual manipulación de niños menores por progenitores custodios para enfrentarlos y ponerlos en contra de los progenitores no-custodios en procesos de separación o divorcio. A esa manipulación se le otorga categoría de diagnóstico clínico denominándola Síndrome de Alienación Parental y se la identifica como una forma de maltrato a los menores.

El artículo ignora completamente en su reportaje el carácter acientífico del SAP. Después de veintidós años desde que fuera planteado por un psiquiatra estadounidense, el SAP ha sido rechazado como realidad clínica tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Asociación Americana de Psiquiatría, las dos principales categorizadoras del diagnóstico psicopatológico profesional a escala mundial. La validez del SAP está tan cuestionada que las propias instituciones norteamericanas encargadas de velar por la buena práctica en el ámbito judicial rechazan abiertamente el SAP como elemento de prueba pericial en los juzgados de familia.

Los avances científicos se plantean siempre, inicialmente, como hipótesis a contrastar con la realidad. El SAP no es más que una hipótesis que de momento perdura más de veinte años en contra de las evidencias. Esa perdurabilidad del SAP en contra de toda evidencia puede responder también a otra hipótesis, al menos tan válida como la única reflejada en el artículo y que por tanto debería haber tenido la misma consideración en un reportaje periodístico: que el SAP es un artefacto psico-jurídico, diseñado con propósitos misóginos (su antecedente es nombre tan sexista como “síndrome de la madre maliciosa asociado al divorcio) e instrumentado por maltratadores en relaciones de violencia para desacreditar el rechazo, justificado, que sienten los niños hacia el agresor de su madre.

(publicado en El País, 3 diciembre 2007)

LA BANALIDAD DEL MAL

Hay personas que son violentas, pero que también son normales. Nos puede parecer anormal que un hombre, aunque joven, insulte y propine una patada en la cara a una muchacha, sin conocerla, de repente, sin haber interactuado con ella previamente, en el interior de un vagón de metro, a plena luz del día y con otras personas observando. Sin embargo, en el mundo de ese hombre lo que hizo es normal, está justificado. Con independencia de su historia personal, de la que es producto exactamente igual que todo el mundo, ese tipo de agresor es una persona sin trastorno o desviación psicológica que le haga irresponsable, sin enfermedad mental o cualquier otro compromiso de su integridad mental que le separe de la realidad que, más o menos, conocemos todos. Al igual que los educados oficiales de las SS de Hitler, que cumplían funcionarialmente con el Holocausto por las mañanas y se retiraban a escuchar a Wagner y a querer a sus hijos al calor del hogar por las tardes, ese hombre puede hablar por teléfono y patearle la cara a una persona, al mismo tiempo.

Tratar de justificar determinados tipos de violencia en función de trastornos mentales es una práctica muy de psicólogos y psiquiatras, también de alguna parte de la población, pero que se concilia muy mal con los hechos de quienes realmente padecen una enfermedad mental. Atribuir la causa de los actos viles a anormalidades de quienes los cometen es un mecanismo de defensa psicológico que nos protege de identificarnos con los agresores. Nos decimos que, puesto que tienen un trastorno, ya no son como nosotros y, precisamente, ahí está la explicación de por qué se comportan con maldad. Sin embargo, déjenme decirles que el mal no suele responder a ninguna patología, sino a la más vulgar de las normalidades.

Alrededor del 1% de la población mundial está diagnosticada de un trastorno esquizofrénico, ese tipo de dolencia mental que está más comúnmente asociada con el concepto popular de locura. Haciendo cálculos simples, es asumible que en España hay 400.000 ciudadanos enfermos de esquizofrenia. Si a todos los delincuentes les presuponemos un trastorno mental, no estamos entendiendo la relación entre enfermedad mental y violencia, que es muy baja. Aunque la esquizofrenia no sea, por supuesto, el único trastorno mental que podemos tomar en consideración, tengan en cuenta que entre algo más del 80% de los esquizofrénicos no tienen relación con la violencia, no se comportan violentamente. Por tanto, no hay vinculación causal, a priori, entre violencia y esquizofrenia, salvo casos muy particulares de esquizofrenia, generalmente del subtipo paranoide, que hay que evaluar individualmente.

En violencia no importa si una persona padece tal o cual trastorno, lo relevante es saber si el mundo construido por un individuo en función del trastorno tiene algún tipo de incidencia causal de peso para considerar que su responsabilidad en el comportamiento agresivo está disminuida o comprometida. A riesgo de equivocarme, no parece el caso de un individuo que patea la cara a una muchacha después de insultarla, mientras habla por teléfono sin que ni su lenguaje corporal ni otras señales apunten a que está bebido. A propósito, el alcohol no exime de la responsabilidad en la violencia en la inmensa mayoría de los casos, pues es utilizado por los agresores como un facilitador de la violencia que ya anida en sus mentes y que ellos quieren practicar.

Tampoco importa demasiado el relato de penalidades familiares de un individuo para explicar o justificar la agresión a una muchacha en un tren. Es muy fácil de entender. La pregunta no es por qué un hombre con un historial de alcohol, violencia y desestructuración en su familia de origen se convierte en un individuo agresivo que patea caras mientras habla por teléfono y después quiere cobrar de las televisiones por contar sus peripecias. De ningún modo. La pregunta, la aproximación más honestamente científica a este escenario, es por qué otros cientos de miles de personas, en sus mismas circunstancias, no lo hacen. Y no lo hacen porque, a pesar de que han sido expuestas a violencia en su infancia o son hijos de padres alcohólicos o ellos mismos se intoxican o roban, patear la cara a una muchacha en un tren entre insultos racistas requiere haber estructurado en la mente del agresor un discurso de normalidad sobre ese acto. Es decir, para el agresor del tren en Barcelona, es normal patearle la cara a una ecuatoriana porque considera, con toda seguridad, que tiene el derecho a hacerlo, que es un ser inferior al que imponerse, porque el agresor se siente frustrado y desadaptado de una sociedad en la que nunca ha querido participar, porque es más sencillo autocompadecerse y mucho más barato socialmente culpar al papá alcohólico o a la desestructuración familiar. El día que veamos a muchas personas que han tenido vidas difíciles, padres alcohólicos o familias desestructuradas patear las caras a las niñas en los trenes, empezaremos a pensar que hay una relación entre una cosa y la otra. Cuando lo hace un solo individuo o un grupito de ellos, me inclino más a pensar que lo hace porque quiere, eso sí, autojustificándose y mintiendo y mintiéndose sobre los motivos todo lo que pueda.... y todo lo que le permitamos.

(publicado en El Correo, 27 octubre 2007)