andrés Montero gómez

Cuando un comunicado oficial del gobierno vasco sobre una resolución judicial se parece tanto a lo que bien pudiera haber sido un comunicado de ETA publicado en el Zutabe es que estamos ante un problema. De muchas maneras se ha escrito, se ha dicho y se ha constatado que la comprensión, por expresarlo suavemente, del nacionalismo vasco hacia la “causa” etarra representa el oxígeno para la supervivencia de un patógeno social como ETA que, aún débil, continúa asesinando con la respiración asistida del abertzalismo. Ésa es la auténtica desnormalización política de Euskadi, tan planteada como raíz originaria de un conflicto a resolver. Cuando el gobierno de una comunidad autónoma se expresa como pudiera haberlo hecho ETA es que, francamente, existe un problema político.

El conflicto vasco, no obstante, no tiene la fisonomía que desde ETA y el abertzalismo se nos está vendiendo. Algunos argumentarán que los síntomas de desnormalización política en Euskadi son el efecto de una enfermedad, enfermedad que responde al diagnóstico de nacionalismo. A mi modo de ver, el nacionalismo es una opción política que tiene cabida en la democracia y que, después, nos puede parecer más o menos paleta, estrecha o narcisista. Lo que más bien parece, por el contrario, es que el nudo gordiano de la disfuncionalidad política vasca no es la mera existencia del nacionalismo, sino el hecho irrefutable que desde su propio seno germinara un grupo de individuos que decidiera asesinar para imponer el totalitarismo ideológico en la sociedad vasca. Desde los años cincuenta, ése es el problema de Euskadi, puesto que el PNV no ha sido capaz en todo este tiempo de enfrentarse con claridad a individuos que pensaban en aberzale, igual que el PNV, pero que querían obligar a otros a adoptar ese pensamiento por la violencia.

En todo lo referente a planteamientos políticos, cuando el PNV ataca a ETA se ataca a sí mismo. Por eso no lo hace. Es natural que la sentencia del juicio 18/98 haya escocido tanto al PNV y a EA, al abertzalismo vasco en genérico. Lo extraño hubiera sido lo contrario. Conviene recordar que el año en que se inician las investigaciones de la Audiencia Nacional que han determinado la condena penal, los partidos jeltzales habían suscrito un acuerdo que pretendía ser un pacto con las ideas, con el frente político, de ETA. En un auténtico ejercicio disociativo de negación de la realidad, el PNV pretendía rescatar con Lizarra esa porción sentimental del discurso político abertzale que comparte con ETA y desvincularlo de la violencia. Era esa pretensión imposible la que se reflejaba en el rostro de los responsables peneuvistas de la época cuando se extrañaban tanto de que el resto del planeta humano no entendiera que ellos únicamente estaban intentando proteger las ideas etarras, las ideas abertzales compartidas, al tiempo que reprobaban sus métodos. Nadie lo entendía porque no puede entenderse. No puede entenderse porque los métodos de ETA son indisolubles de sus ideas. Los miembros de ETA tienen unas ideas sobre política y sociedad en Euskadi y han decidido, como cualquier otro totalitarismo, que deben ejercer la violencia para obligar a otros a adoptarlas.

Una de las imposibilidades, bastante objetivas, en todo el tratamiento que el peneuvismo más ortodoxo hace de ETA es el intento de desligar los argumentos al servicio de la violencia de los instrumentos terroristas puestos al servicio de esos argumentos. No es posible porque la combinación de ambos, instrumentos violentos y argumentos, es lo que conforma la naturaleza de ETA. La desvinculación dejaría a ETA sin existencia. El argumentario abertzale separado de la violencia es equivalente al PNV. De hecho, así expuesto, es dificilísimo que el PNV pueda entender la sentencia 18/98 porque la identificación con el reo en su plano mental es tan elevada que el abertzalismo jeltzale se siente agredido por ella, por encima del cuestionamiento jurídico que toda sentencia puede y debe tener. O sea, dicho muy claramente, si ETA no fuera una organización terrorista y la violencia no estuviera presente, en su plano político podría ser una corriente crítica dentro del propio PNV. Por eso llegó Lizarra, por eso se ha ido Imaz.

En el momento en que se inicia la causa 18/98 el abertzalismo suscribía un pacto de hermandad al que se ha renunciado nominal pero nunca sentimentalmente. Lizarra es natural, porque abertzales son todos quienes lo firmaron. La misma familia, algunos de cuyos primos son antisociales y otros asesinos…. ¿qué hacer con ellos?, ¿expulsarlos de la familia?, ¿tratar de reconducirlos?; ante todo, evitar que sean extinguidos desde el exterior hasta que se encuentre la manera de hacerlos entrar en razón; porque son de los nuestros.

El sumario 18/98 supone tal avance del Estado de Derecho en su concepción del terrorismo que ni siquiera los ponentes de la sentencia ni el aparato legislativo han alcanzado todavía la pericia jurídica para dotarlo de la elegancia matemática que se requiere en un sistema garantista. El ejemplo más claro son las circunvoluciones alrededor de la Fundación Josemi Zumalabe, destinada por ETA a la desobediencia civil contra el Estado. El análisis que se hace sobre la sentencia en ese punto es que se está condenando el propio acto de la desobediencia civil o que se está criminalizando la opinión de unos ciudadanos. Oiga, es que la desobediencia civil en este caso es un ingrediente más del terrorismo, por eso se condena. Igual que las relaciones internacionales de ETA a través de Xaki no se condenan por xenofobia, sino porque es un instrumento al servicio del terrorismo. La complicación legal es que todavía no hemos afinado bien la técnica jurídica para contextualizar bien, tipológica, procesal y penalmente, que las conductas al servicio del terrorismo, por muy legítimas que sean cuando se realizan en otro ámbito social, en cuanto vinculadas y sirvientes de la violencia son penalmente, deben ser penalmente sancionables. A los desobedientes civiles de ETA se les acusa no por su desobediencia, sino porque está puesta al servicio del terrorismo, es decir, es una conducta no suficiente pero sí necesaria para el mantenimiento de ETA. Por tanto, delictiva.