andrés Montero gómez

Hacía mucho que la Policía no cargaba contra unos manifestantes. Ocurrió justo antes de la Nochebuena, en Madrid. La carga de las fuerzas de seguridad tuvo lugar en la capital de España porque los manifestantes pretendían organizar una sentada frente al Congreso de los Diputados, pero podría haberse producido en otras tantas ciudades del país. Hasta en treinta localidades, un autodenominado 'Movimiento contra la precariedad laboral y por una vivienda digna' ejerció su derecho constitucional a la protesta contra la violencia inmobiliaria. En su mayoría eran jóvenes, de esa juventud postmoderna y precaria que aglutina a titulados universitarios mileuristas que tienen que convivir con sus padres en una dependiente adolescencia prolongada hasta los cuarenta años. Rebeldes mileuristas sin casa.

El mismo día de Nochebuena, en alguno de los periódicos de mayor tirada nacional, al tiempo que se informaba de la carga policial contra los rebeldes sin casa aparecía el anuncio publicitario de una empresa inmobiliaria. Era un anuncio a toda página, de los caros. Aproximadamente un mes antes, un diario económico nacional daba cuenta de que las empresas inmobiliarias y constructoras estaban tan henchidas de confianza que invertían en sí mismas, se compraban acciones las unas a las otras. El negocio inmobiliario avanza viento en popa. El ránking de las fortunas españolas recogido por 'Forbes' está preñado de presidentes o consejeros de constructoras e inmobiliarias.

No habría nada que objetar al negocio inmobiliario si no traficara con un bien de primera necesidad, la vivienda. Es como si a la cúpula financiera le hubiera dado por fijarse en la leche o en el pan como productos de inversión. O como si el caudal hidrológico y los embalses se dejara en manos de empresas que lo gestionaran para enriquecerse. O como si en un futuro a los poderes públicos se les ocurriera parcelar el aire, hacer un cálculo de cuánto oxígeno atmosférico consumimos por habitante y recalificaran nuestro sustento pulmonar con la ayuda de empresas especuladoras. Porque, en definitiva, estamos tratando con un bien de primera necesidad para la ciudadanía, que debería comprometer a los poderes públicos, pero que está totalmente en manos de la rapiña financiera.

La clave de por qué hemos llegado a esta situación de indignidad y esclavitud en el acceso a la vivienda de una buena parte de la población en España es aparentemente sencilla de vislumbrar, aunque muy proclive a ser ocultada por intereses de unos y de otros. Toda la actual configuración del mercado inmobiliario se asienta sobre la base de que a la vivienda la han convertido en un producto de inversión financiera. Es así de sencillo y las derivaciones, nefastas para el ciudadano pero lucrativas para el especulador, son perfectamente predecibles.

Las imposiciones a plazo fijo o los bonos de diversa índole hace tiempo que dejaron de ser rentables como instrumentos de inversión. Detrás de la mayoría de estos productos estaban los bancos, como entidades depositarias o gestoras. Después llegó la Bolsa, lo recordarán ustedes. Todo el mundo invertía en Bolsa, al principio directamente y después a través de los famosos fondos de inversión. La mayoría de los mejores paquetes de acciones tienen a entidades bancarias o financieras detrás, bien porque los bancos administran esos paquetes, bien porque las empresas mejor cotizadas tienen como accionistas de referencia en sus consejos de gobierno, precisamente, a bancos. La Bolsa tuvo sus años de 'boom' y rentabilidad, que decayeron porque dejar entrar al ciudadano individual a especular tanto en la Bolsa es demasiado inestable. Los fondos de inversión de riesgo calculado son la trampa perfecta para que usted ponga su dinero pero el impacto sobre la Bolsa esté, por así decirlo, medido y controlado. Hoy en día, la mayoría de los fondos arrojan la paupérrima ganancia fruto de ese estancamiento necesario para la estabilidad del mercado de valores, necesaria a su vez para que las empresas operen en un marco de mínima seguridad.

Desde que tengo memoria de ciudadano, entre las pocas empresas que en sus cuentas de resultados se obligan a un incremento anual de entre el 10% y el 20% están los bancos. Eso es mucho dinero y mucha presión acumulativa. Cada año, ganar un porcentaje significativo sobre el ejercicio anterior. Tras el estancamiento de los fondos de inversión y la compartimentalización del riesgo en las grandes fortunas, había que buscar algo que involucrase al mayor volumen de dinero esclavizable en circulación, es decir, a las clases medias y trabajadoras. Háganse la pregunta de cuál es la capa de la población sometida a la mayor presión fiscal y tendrán la respuesta de cuál está sufriendo más la especulación inmobiliaria. Tal vez piensen que la pregunta no tiene relación con la respuesta, pero quizás cambien de opinión si consideran que las rentas medias y trabajadoras son más fácilmente instrumentalizables por factores y agentes exógenos, externos. A estos agentes y factores exógenos que orquestan económicamente la sociedad, Rafael Álvarez 'El Brujo' los llamaría 'la Cúpula'.

Pues bien, había que buscar un instrumento financiero de amplia disponibilidad, un producto que además generara el interés que producen las necesidades. Y lo encontraron. En la vivienda seguro que va a ponerse dinero en circulación, dinero que además está garantizado por una necesidad y que, además, está ligado a esa capa de población media y trabajadora que no tiene escapatoria.

Reconvertida espuriamente en producto de inversión, la vivienda no tiene más remedio que revalorizarse. Si los especuladores ponen su dinero en el sector inmobiliario, deben cerciorarse de que el valor va a subir; si no, la inversión no tiene sentido alguno. De este modo, tanto la vivienda nueva como la usada suben anualmente un porcentaje superior al interés que ganaban los bancos en la época en que las hipotecas superaban el 10% anual. La revalorización de la inversión exige la subida constante de los precios. A esa subida, por inercia especulativa, también se está sumando la propia población que es víctima de ella, pues en cuanto una familia tiene unos ahorritos, invierte en lo más rentable, en el ladrillo.

No me digan que no es curioso que un gran banco, que concede esas hipotecas de por vida para que usted compre la vivienda que la Constitución le propone como derecho, sea accionista de la inmobiliaria que se la vende. Luego existe toda una serie de personajes, del entramado financiero más complejo, que están en un consejo de administración de un banco, después en el de una empresa energética, a continuación en una constructora y que finalmente acaban tomando decisiones en función de ese conglomerado de intereses. Que la vivienda suba exponencialmente en este contubernio es lo mínimo que puede suceder.

Dentro de este panorama, que la corrupción se cebe en el sector inmobiliario no es sino perfectamente natural. La criminalidad organizada siempre busca los nichos ecológicos con mayor vulnerabilidad. La vivienda es vulnerable porque el suelo depende de los ayuntamientos, que se financian casi exclusivamente del suelo porque todo el dinero público se lo quedan las autonomías. Los municipios están regidos por representantes de partidos políticos, que también necesitan financiación. Alguna parte de la clase política, aquélla trabada en clientelismos, favores y débitos por figurar en la deseada lista del partido que asegure el sillón de parlamentario o concejal, está bajo sospecha.

La solución sólo depende del ineludible compromiso activo de los poderes públicos. Lo primero que hay que articular es un mecanismo que extraiga a la vivienda del circuito de inversión financiera. En democracia a veces es necesaria la revolución, y ésta sólo puede ser ciudadana y no violenta. El movimiento reprimido por la Policía en Madrid antes de Navidad es democracia en acción: democracia crítica, rebeldía no violenta, rendición de cuentas de los poderes públicos. En la era de la información y la tecnología, de pérdida de confianza en la política, el ciudadano puede marcar la diferencia, en cuanto quiera hacerlo. La vivienda puede ser un motivador que haga avanzar algo más la democracia o que la llene algo más de pus. De nosotros depende. He escuchado a Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza, pronosticar en el Club Siglo XXI que las políticas del futuro van a pasar por el reconocimiento de la tutela judicial sobre derechos individuales que la Constitución concede pero los poderes públicos no defienden. Uno de ellos será la vivienda. Ya ha pasado en Francia. Tiene razón.