andrés Montero gómez

Batasuna está deshojando la margarita. Tal vez se presente a las elecciones, tal vez no; quizás condene la violencia, quizás no. Lo que parece claro es que en este proceso de concurrencia electoral, de resurrección legal de la extinta Batasuna, existe todo un abanico de posibilidades para disfrazar la renuncia a la violencia. De momento, Otegi se ha iluminado reconociendo que con la violencia no lograrán más independencia que la emancipación que se le supone a una celda penitenciaria.

Ese abanico de posibilidades en la fórmula de renuncia a la violencia se concentra, básicamente, en torno a variaciones semánticas de dos futuribles. Batasuna puede condenar la violencia, con distintas retóricas, o Batasuna puede renunciar a la violencia, también con diversos planteamientos. Tanto el presidente Zapatero como varios de sus ministros han insinuado unas veces y afirmado sin aspavientos otras que Batasuna sabe lo que tiene que hacer para presentarse a las elecciones autonómicas y locales. A Batasuna ya le han pasado el esquema de trabajo con los escenarios que serían admisibles (lo que traducido también quiere decir asumibles por el Gobierno de cara a la ciudadanía) y aquéllos que no. A lo que parece, la opción maximalista de condena de la violencia no sería necesaria para que Batasuna concurriese. Es cierto que muchas de las palabras que caen de las bocas de nuestros políticos o que los analistas mencionan estos días incluyen la condena a la violencia, incluso la condena a ETA, como prerrequisito para la resurrección, travestida eso sí, de Batasuna. Sin embargo, presiento que el umbral de exigencia no va a llegar tan alto.

Si nos leemos la Ley de Partidos, jurídicamente hablando no sería ni siquiera obligado que Batasuna renunciara a la violencia. A efectos de inscripción de un nuevo partido (y es lo que sería la marca que eligiera Batasuna, un nuevo partido), lo que se pide al grupo que quiere ser incluido en el registro oficial es que en sus estatutos no se incluya la persecución de sus objetivos, resumiendo, por medio ilegal alguno. No creo que en los estatutos del PCTV se renuncie expresamente a la violencia, y muchos menos que se incorpore un anexo en donde se condene, en explícito, a ETA. Con el travesti político que elija Batasuna para recuperar ayuntamientos, puestos de trabajo y financiaciones perdidas puede ocurrir lo mismo. De lo contrario, entraríamos en el terreno de la discriminación. La ley no ha previsto que el nuevo disfraz de Batasuna tenga que obtener un plus de calidad condenando la violencia para ajustarse a Derecho. Todo lo contrario. La suposición es que los candidatos de Batasuna serán tratados como cualquiera otro candidato. De esta manera, y si la deducción es lógica, bastaría con que los abertzales proetarras redactaran sus renovados estatutos especificando que no quieren nada más que hacer política por medios políticos y legítimos para que, administrativamente, la autorización se expediese. Sin embargo, es de suponer que Batasuna no se quedará ahí, pero tampoco llegará mucho más lejos.

El camino intermedio será el de la virtud. Lo más eficiente, para que el travesti político de Batasuna se ajuste al marco legal dejando margen de maniobra a Zapatero para que pueda tener argumentos ante la opinión pública, es que en los estatutos se escriba que la consecución de los objetivos políticos independentistas será por vías democráticas, legales y apartada de métodos violentos. Así, o algo por el estilo. Con ese planteamiento, una Batasuna travestida pasaría el control. Entonces, ¿por qué no han presentado los documentos ya, si es tan fácil?

Pues, en primer lugar, porque el tiempo es un factor estratégico. Batasuna sabe que al Gobierno de Zapatero, que ha hecho una apuesta personal y política muy clara por el proceso en Euskadi, le interesa tener a la izquierda abertzale descolgada al menos tácitamente de la violencia, dentro del juego político. Batasuna sigue los dictados de ETA y la banda terrorista está manejando la agenda en su propio beneficio. Así las cosas, ETA pudiera estarse planteando si sería más ventajoso apurar la legislatura de Zapatero con Batasuna ilegalizada, como modo de presionar lo suficiente al presidente para que haga concesiones al submundo etarra, ante la eventual reelección de 2008. En este sentido, puede ser mejor para ETA asegurar un mensaje de abandono del terrorismo firmado de su puño y letra en las Navidades de 2007, aunque no tenga el sueldo para sus concejales en los ayuntamientos pero mantenga las líneas de financiación extraconyugales del PCTV, y a cambio obtener alguna ventaja estratégica más de fondo de cara al futuro. Este escenario enrevesado pasa, necesariamente, por que Zapatero gane el Gobierno en 2008. Y eso está por ver. De momento, el PP de un Rajoy amortizado se ha soltado la melena y ha roto hasta con lo que parecía irrompible, el consenso antiterrorista. Incluso, se les puede ocurrir el abracadabra de renovar la candidatura nacional del partido para las presidenciales de 2008. Tras las autonómicas de este año, una jugada maestra sería 'dimitir' a Rajoy y situar a Gallardón o a Esperanza Aguirre de cabeza de lista para las generales. Las quinielas políticas variarían una barbaridad.

En segunda instancia, si el travesti electoral elegido por Batasuna pasara el filtro del registro legal, todavía nos quedaría por colocar a Otegi y sus mariachis. Estos muchachos, sin profesión conocida, no podrían de ninguna manera entrar en las listas electorales, porque ya están contaminados por su conocidísima militancia batasunera, etarra contrastada en algunos casos. Por muchos requiebros que se quieran hacer, Otegi en las nuevas lista activaría inmediatamente, o debería activar, la ilegalización de la incipiente marca política por ser la continuación, a través de sus miembros, de una formación ya ilegalizada. Este escollo, la pura y simple conservación del puesto de trabajo, seguramente está pesando lo suyo en la dilación de la decisión por parte de los batasuneros. Y es que, con Otegi y Permach en el paro, negociar no es lo mismo.

Si todos los presos de las cárceles españolas se pusieran en huelga de hambre, habríamos solucionado de golpe la política penitenciaria. Los domicilios de cada condenado se convertirían en prisiones improvisadas y los hospitales en casas de acogida de tránsito para el reo en riesgo de muerte. Obviamente, es un planteamiento que no tiene el mínimo sentido. Sin embargo, si descontextualizamos el caso de Ignacio de Juana Chaos, eso es exactamente lo que ha ocurrido. Cualquier preso normal de las Españas estará preguntándose si le saldría rentable situarse en estado de inanición para regresar a su casa.

El inconveniente con la solución proporcionada a De Juana no es que le haya sido aplicado el segundo grado por problemas de salud. Esa medida está prevista para cualquier preso. Lo disfuncional en el caso del terrorista de ETA es que la modificación de la situación penitenciaria, y la decisión gubernativa y judicial que la respaldan, hayan venido inducidas por el propio preso. La amplia legislación procesal, penal y penitenciaria prevé innumerables circunstancias a tenor de las cuales se atenúan tanto la responsabilidad criminal como las situaciones post-procesales de alguien que ha transgredido la ley. Estas atenuaciones de pena o de cumplimiento, incluso eximentes en algunos casos, no se aplican cuando es el propio sujeto el que las fabrica con el propósito de beneficiarse torticeramente de unas condiciones que están previstas, en la mayoría de los supuestos, para ofrecer un tratamiento legal menos punitivo para la concurrencia de enfermedad. Cuando un toxicómano delinque en pleno síndrome de abstinencia con el fin de obtener droga se le aplica un atenuante en la condena porque se entiende, primero, que la toxicomanía es una enfermedad y, segundo, que esa enfermedad ha influido directamente en su conducta de transgresión, disminuyendo la capacidad del sujeto para conducirse a sí mismo bajo el control total de su voluntad. La atenuante de toxicomanía no se aplica nunca, en cambio, si el sujeto ha decidido drogarse para delinquir, es decir, utilizar la droga y sus efectos desinhibidores para facilitar la comisión del delito. Es decir, el toxicómano que delinque es tratado (parcialmente) como un enfermo, pero el delincuente que se droga es tratado como un criminal.

La atenuación del grado penitenciario de Ignacio de Juana ha venido condicionada por una coacción. Esto es incuestionable, se disfrace como se disfrace. El miembro de ETA ha logrado el beneficio penitenciario fabricando él mismo la causa para obtenerlo. Si el preso no hubiera sido un terrorista de ETA, probablemente la decisión judicial y gubernativa de trasladarle a Donostia no se habría producido nunca, salvo que lo trasladado hubiera sido su féretro. Sin embargo, Ignacio de Juana Chaos es un preso de la banda terrorista ETA y, en función de esa cuestión y no de otra, se ha tomado la decisión. Es una premisa que debemos tener clara para aplicar esa cualidad propia de los ciudadanos libres de una democracia moderna a la que deberíamos abrazarnos como un tesoro: la capacidad de analizar las noticias con juicio crítico y luego decidir en consecuencia. La grandeza de la democracia atenuando las penas a presos enfermos, o aceptando que un delirante que asesina a un transeúnte porque le confunde con un extraterrestre tiene que ingresar en un psiquiátrico penitenciario, no se tiene en cuenta cuando la auspicia la extorsión criminal. Todo lo contrario, la grandeza de la democracia suele bloquearse ante la extorsión. Cuando se ha aplicado la grandeza de la democracia a Ignacio de Juana Chaos no ha sido en el capítulo penitenciario, sino en el capítulo político. Y ahí se juega con otras claves. Es lo que hay que entender y lo que la autoridad competente no explica, no quiere explicar o prefiera no explicar.

El Gobierno de Zapatero ha pecado de complejo en este asunto y por ello va a pagar las consecuencias de manipulación de la opinión pública que está instrumentando el Partido Popular. Tal manipulación es tan sencilla como que el propio Ejecutivo socialista le ha facilitado el argumento, un argumento ficticio con el que el Gabinete de Zapatero ha pretendido disfrazar, a mi modo de ver innecesariamente, la realidad de Ignacio de Juana. Si se dice que se ha (prácticamente) liberado a Iñaki de Juana por razones de salud tras una huelga de hambre, enseguida se nos vienen a la mente las imágenes de Miguel Ángel Blanco y de José Antonio Ortega Lara... ¿Pero qué esperaban? ¿No habría sido más sencillo aguardar a que De Juana se muriese? ¿No habría sido más claro decirle a la opinión pública que se transfiere al preso de ETA a una cárcel de Euskadi como elemento para facilitar la desactivación de ETA? Claro, ello habría exigido que Zapatero argumentara ante la población que continúa pensando que la negociación con ETA sigue en marcha a pesar del atentado de la T-4. Pues hágalo, presidente. Si se explica bien, la población entiende eso mejor que las mentiras que huelen a podrido y que pueden ser instrumentadas fácilmente por grupos interesados. Por este camino, hasta un Rajoy plenamente amortizado va a ganar las elecciones generales. Ahora que el PSOE va a desplegar una campaña de comunicación para ilustrarnos sobre el dosier de Iñaki de Juana, seremos capaces de comprobar si Zapatero ha aprendido las lecciones de (in)comunicación de su predecesor en el cargo.

La realidad penitenciaria del terrorista de ETA ha sido ablandada porque el Supremo ha permitido, legalmente, que así lo fuera reduciendo su condena. Por esta razón, el juez de Vigilancia Penitenciaria no ha tenido obstáculo para aplicar la legislación penitenciaria. Éste es el envoltorio con que se ha dulcificado el caramelo que se ha administrado a la opinión pública. El relleno de ese caramelo es que Ignacio de Juana Chaos es el laboratorio que sirve de ensayo general a las medidas de suavización que los presos de ETA recibirán, necesariamente, en caso de que un entendimiento con la banda terrorista tenga traducción real en su abandono de la violencia. Lo que ha ocurrido con Iñaki de Juana sucederá con más de un terrorista encarcelado, esta vez sin que llegue ninguno a la huelga de hambre. Y eso será así porque siempre se ha argumentado, incluso por la derecha política, que lo único que cabría negociar con ETA, si acaso, iba a ser la situación de sus presos. En efecto, es algo aceptado, pero no antes de que ETA se desactive. De manera que Iñaki de Juana es un ensayo general de la reordenación penitenciaria en el patio de ETA si el empeño negociador de Zapatero fructifica. Cuanto antes vayan administrando esta dolorosa vacuna a la población y a las víctimas, antes podrá posicionarse el ciudadano sobre si está dispuesto a pagar el precio.