andrés Montero gómez

El atentado múltiple del 11-M está policialmente esclarecido y el juicio que acaba de iniciarse en Madrid, por mucho que se haya enturbiado política y mediáticamente, no será más que un reflejo de esa realidad. Todo el proceso posterior a los atentados representa una de esas etapas de nuestra joven democracia moderna que más hubiera requerido el concurso de la ciudadanía crítica. No estamos maduros y el resultado es, de momento, pesimista. El 11-M ha puesto y seguirá poniendo a prueba la capacidad del ciudadano para evaluar críticamente la información que le ha sido servida, para saber desgranar y analizar las claves ocultas en uno de los episodios que más ‘entre líneas’ ha tejido para su comprensión. Si usted ha sido un ciudadano que se ha conformado con leer un solo medio de comunicación escrito, atender a un solo partido político, escuchar a un único opinador radiofónico o alimentarse siempre del mismo telediario, engrosará la lista de los intoxicados por el 11-M.

A falta de cinco meses largos de proceso oral y de la digestión de millones de palabras procesales, la sentencia judicial no hará más que traducir un trabajo policial que, si no podemos tildarlo de excelente ni de soberbio, sí seríamos honestos al calificarlo de razonablemente bueno. El atentado múltiple de Madrid en 2004 parece estar policialmente esclarecido.

Nuestras fuerzas de seguridad lograron desentrañar la trama operativa del 11-M en relativamente poco tiempo y mostrar al instructor judicial de la causa un esquema, más o menos completo, de lo que ocurrió y de quiénes fueron sus presuntos autores. En el trabajo de visibilizar el qué y el cómo del 11 de marzo de 2004 en Madrid nuestra Policía rebasa en eficacia a la inteligencia estadounidense y, en investigación -aunque no en inteligencia preventiva contraterrorista-, a la británica. Las fuerzas de seguridad españolas han hecho bien su trabajo. Sin embargo, de una investigación exhaustiva, que no ha estado libre de errores incluso operativos (suicidas de Leganés), lo que queda en la opinión pública es un pantano de emponzoñamiento. La imagen de la Policía, y también la de los jueces, ha quedado dañada cuando el nivel de esclarecimiento de los atentados sobrepasa, con creces, la respuesta pública de seguridad en condiciones similares ante el terrorismo islamista en otros países. La resolución de esta paradoja le corresponde a ese ciudadano libre y crítico que está dispuesto a leer entre líneas las claves de una gran manipulación.

Los terroristas islamistas del 11-M asesinaron a muchas personas pero, en nuestra ceguera política, institucional, mediática y social, les permitimos que obtuvieran efectos multiplicados sobre nuestra convivencia más allá del tremendo dolor de las familias rotas de manera directa. Los atentados condicionaron la intención de voto que, como resultado, cambió el Gobierno de España en 2004. Al contrario de lo que nos han tratado de hacer ver entre unos y otros, el cambio de Gobierno no fue instado por el partido político finalmente vencedor en las urnas, el PSOE. El cambio se debió a una sensibilización de la población que asoció, como pretendían los terroristas, el protagonismo español en la guerra de Irak con la elección de Madrid como objetivo terrorista.

Esa asociación inducida de ideas entre causas y efectos condicionó el voto de la población, pero no habría sido lo suficientemente fuerte por sí sola para decantar el voto final. Lo que determinó el resultado de las urnas fue, ahí sí, el aprovechamiento torticero que los dos principales partidos políticos hicieron del atentado. La derecha, intentando manipular hasta el final la percepción de la opinión pública mediante la ingeniería informativa más gruesa, la tergiversación y la apuesta consciente de involucrar, con fórceps, a la banda terrorista ETA en alguna de las fases de planificación del atentado. Electoralmente, la presencia de ETA favorecía al PP, que había implantado una de las mejores políticas anti-ETA de los últimos años. Por su parte, el PSOE no tuvo más que señalar las incongruencias del Gobierno de Aznar e instrumentar hábilmente la información que iba obteniendo sobre las investigaciones policiales para facilitar la inercia de la ciudadanía a culpar a su presidente del Gobierno por lo sucedido. La incompetente política de comunicación, trufada de ficciones lisérgicas, del Ejecutivo Aznar en su relación autista con la ciudadanía hizo el resto.

Los terroristas islamistas intuyeron que los intereses políticos nacionales iban a ser determinantes en la gestión de los atentados del 11-M, y acertaron. Ellos no cambiaron el Gobierno, lo hicimos nosotros. Después se produjo el viraje en política exterior, del que todavía no nos hemos recuperado. A partir de ese punto de inflexión, hemos tenido una permanente secuencia de intoxicación sobre un 11-M sobre el que existen pocas dudas reales, salvo la clarificación del esquema de planificación que une a la célula operativa hispano-marroquí con el engranaje de Al-Qaida. Incluso en ese punto, con las sombras que tenemos, las hipótesis no son del todo débiles, aunque el juicio no despejará ninguna incógnita.

Ayudados por la politización de los medios de comunicación, de parte de la justicia y de otra parte de las fuerzas de seguridad, nuestros políticos se han dedicado a articular el dosier de mayor manipulación de los últimos tiempos. Desde hace cuatro años, un Rajoy que se sabe amortizado ha venido barrenando la política antiterrorista, finalmente demolida durante el proceso socialista de negociación con ETA. A partir del 11-M, se ha quebrado el movimiento asociativo de víctimas del terrorismo, pervertido a partir de alineamientos sectarios e instrumentado mediante presión subvencionable por los distintos escalones de gobiernos municipales, autonómicos y nacionales, dependiendo de su color. No se ha respetado nada.

El macrojuicio de la Casa de Campo en Madrid tiene estricta naturaleza penal. Las claves del 11-M, por el contrario, son sociales y sobre todo políticas. Al-Qaida, a través de una línea de mando que incluía al primer acusado del juicio (’El Egipcio’), ordenó un atentado terrorista en Madrid para modificar la intervención militar española en la (absurda) guerra de Bush contra el terrorismo. Aprovechando la infección de nuestro suelo por yihadistas de paso a otros escenarios, así como la proximidad del magrebí Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (ahora Al-Qaida pura y dura), el atentado cobró forma y ejecución operativa. Los culpables están identificados, una parte de ellos ha muerto, los menos están huidos y a algunos se les está juzgando. La logística fue adquirida en España en contacto con delincuentes españoles. No hay más, no hay ETA. El resto es manipulación interesada. Lean entre líneas.

De Juana se muestra tremendamente satisfecho de estar muriéndose. La fotografía del anglosajón 'The Times' es un retrato del fanatismo. No expresa dolor, ni padecimiento, sino soberbia, prepotencia y narcisismo. Ignacio de Juana Chaos no es una víctima sino un verdugo, un terrorista profesional enfermo de sí mismo. El aspecto físico de extrema desnutrición no se corresponde con la apariencia psicológica de ilusoria dominación que refleja la expresión de su rostro. De Juana parece estar convencido de que está marcando un hito para la reconducción del proceso de negociación entre ETA y el Estado. De hecho, en la entrevista con el diario británico es la presunta negociación política la que canaliza el centro del reportaje, que por otra parte es lo suficientemente endeble como para que sea la fotografía lo único que importe. En la negociación política es donde cree estar inmerso ahora De Juana, de la misma manera que lo pensaba cuando en su último enjuiciamiento por amenazas declaraba que él se dedicaba a la política.

El terrorista debe de estar encantando de percibirse como una figura clave en el delicado proceso de reconversión de ETA. El famelismo triunfante de De Juana es la traducción de su fanatismo narcisista, combinado con las carambolas que el azar le ha propiciado para encontrarse, como a él le gusta, en el centro de la fotografía. De Juana debe de pensar que la suerte se le ha puesto de cara y por eso la muestra con altivez. Porque, al contrario de lo que pueda percibir buena parte de la opinión pública, la apuesta del terrorista de ETA no es ser recluido en casa en prisión atenuada por condiciones médicas. Ése era el objetivo que se nos vendía antes del atentado de ETA en el aeropuerto de Barajas. Ahora, el horizonte estratégico es que el Tribunal Supremo reduzca su condena por amenazas.

Ignacio de Juana Chaos es un terrorista profesional, un hombre de la banda criminal totalmente entregado a la causa. Al contrario de lo que se nos ha vendido, su huelga de hambre no está disociada de la estrategia general de ETA sino que es, y ha venido siendo, un elemento instrumental cuyo termostato la banda terrorista ha venido subiendo o bajando según convenía. Ignacio de Juana es el primer terrorista suicida de ETA, imagen especular de los terroristas islamistas. Ya ha grabado su artículo fotográfico de despedida, como los vídeos de los suicidas yihadistas, y se ha rodeado el cuerpo con el explosivo de su propio pellejo. Es una bomba simbólica dirigida por ETA contra Zapatero.

Al principio, cuando De Juana inició su primera huelga de hambre, podía pretenderse que por un fallo orgánico del riñón o el corazón la Audiencia Nacional le enviara a un arresto domiciliario. Ese propósito personalista era un ingrediente de presión lateral en los cálculos estratégicos de ETA, que estaba inmersa en el contexto de conversaciones con el Gobierno de Zapatero y que percibía el narcisismo de De Juana como un factor coadyuvante. El Ejecutivo contemplaba con mucha prevención que el preso muriera en mitad de la negociación y les contaminara el pretendido clima de entendimiento, convirtiéndose en un mártir del fanatismo. Por ahí, De Juana llevó adelante su primera huelga de hambre, comunicando al exterior que lo hacía sin el apoyo explícito de ETA. Con este envoltorio se nos ha despachado la versión de que discutió con la cúpula criminal sobre la oportunidad de la huelga de hambre. No me lo creo. Lo que sobresale cada vez más cristalinamente es que la huelga de hambre siempre ha sido un mecanismo hidráulico más en el alambique coactivo de ETA. Por eso De Juana, debajo del tubo nasogástrico de alimentación forzada, tiene la sonrisa del terrorista que cumple con su deber.

La calibración del termostato de presión que representa Ignacio de Juana pasa a primera línea estratégica cuando ETA comete el atentado en el aeropuerto de Barajas, no para romper las negociaciones con el Gobierno, sino hablando su propio lenguaje en las negociaciones, autoafirmándose en las negociaciones. En un momento en que Zapatero se encuentra sometido a la disyuntiva de remodelar estratégicamente su conceptuación del diálogo con ETA, la banda terrorista aumenta la temperatura de la caldera que simboliza la huelga de hambre de De Juana para recordarle a Zapatero que la presión puede subir antes de que el presidente se decida a retomar el diálogo. Y las elecciones cada vez están más cerca, y el PP y las derechas cada vez movilizan a más gente en las calles.

El objetivo de ETA es la reducción de la condena de Ignacio de Juana. Al principio incubaron el farol de que pretendían la prisión atenuada, tanto que en algún momento el Gobierno pudo creerse la jugada. También habría sido buena para ETA en caso de producirse. Si la banda terrorista mantuvo a Ortega Lara casi eternamente secuestrado o asesinó a Miguel Ángel Blanco sin que el Gobierno español cediera a sus chantajes, haber conseguido la domiciliación penitenciaria de De Juana habría sido un logro que, si se hubiera materializado, habría sido un triunfo abominable de ETA. Afortunadamente para la democracia, la Audiencia Nacional truncó tal posibilidad. No obstante, no amputaban la estrategia de ETA, que tiene la mirada puesta en el Tribunal Supremo y ha visto cómo el azar en la secuencia temporal de los acontecimientos y en la salud de Ignacio de Juana le ha favorecido.

De Juana llega al Supremo casi muriéndose. Si el Tribunal falla una reducción de condena, la fotografía de 'The Times' se ha publicado en el momento más oportuno. ETA va a presentar la reducción de pena como un triunfo de la huelga de hambre de su terrorista Ignacio de Juana. Como sabemos, la verdad importa bastante poco en estos casos, y lo que cuenta es el argumento que se pueda construir con las apariencias. Si, en cambio, De Juana muere atado a la cama, va a ser presentado como un mártir del abertzalismo. Ignacio de Juana siempre ha sido un valor seguro para ETA: asesinaba sin piedad, no se arrepiente de nada sino todo lo contrario, sigue las consignas doctrinales con fanatismo acrítico, es un referente en la estructura de presos y, además, tiene la personalidad narcisista ideal para inmolarse por ETA. Ocurra lo que ocurra, la huelga de hambre tendrá consecuencias. Habría que haberle incapacitado, inducido un coma y mantenido en estado vegetativo hasta que ETA renunciara al terrorismo. Aunque tampoco es tan negativo un mártir en ETA. Al fin y al cabo, sería idolatrado en un universo donde la mitología de la violencia ya es un valor subcultural de adoración abertzale. Los británicos tienen a su Bobby Sands y el IRA ha dejado el terrorismo. Que ETA tenga a su Iñaki, si ésa es su voluntad.

Hacía mucho que la Policía no cargaba contra unos manifestantes. Ocurrió justo antes de la Nochebuena, en Madrid. La carga de las fuerzas de seguridad tuvo lugar en la capital de España porque los manifestantes pretendían organizar una sentada frente al Congreso de los Diputados, pero podría haberse producido en otras tantas ciudades del país. Hasta en treinta localidades, un autodenominado 'Movimiento contra la precariedad laboral y por una vivienda digna' ejerció su derecho constitucional a la protesta contra la violencia inmobiliaria. En su mayoría eran jóvenes, de esa juventud postmoderna y precaria que aglutina a titulados universitarios mileuristas que tienen que convivir con sus padres en una dependiente adolescencia prolongada hasta los cuarenta años. Rebeldes mileuristas sin casa.

El mismo día de Nochebuena, en alguno de los periódicos de mayor tirada nacional, al tiempo que se informaba de la carga policial contra los rebeldes sin casa aparecía el anuncio publicitario de una empresa inmobiliaria. Era un anuncio a toda página, de los caros. Aproximadamente un mes antes, un diario económico nacional daba cuenta de que las empresas inmobiliarias y constructoras estaban tan henchidas de confianza que invertían en sí mismas, se compraban acciones las unas a las otras. El negocio inmobiliario avanza viento en popa. El ránking de las fortunas españolas recogido por 'Forbes' está preñado de presidentes o consejeros de constructoras e inmobiliarias.

No habría nada que objetar al negocio inmobiliario si no traficara con un bien de primera necesidad, la vivienda. Es como si a la cúpula financiera le hubiera dado por fijarse en la leche o en el pan como productos de inversión. O como si el caudal hidrológico y los embalses se dejara en manos de empresas que lo gestionaran para enriquecerse. O como si en un futuro a los poderes públicos se les ocurriera parcelar el aire, hacer un cálculo de cuánto oxígeno atmosférico consumimos por habitante y recalificaran nuestro sustento pulmonar con la ayuda de empresas especuladoras. Porque, en definitiva, estamos tratando con un bien de primera necesidad para la ciudadanía, que debería comprometer a los poderes públicos, pero que está totalmente en manos de la rapiña financiera.

La clave de por qué hemos llegado a esta situación de indignidad y esclavitud en el acceso a la vivienda de una buena parte de la población en España es aparentemente sencilla de vislumbrar, aunque muy proclive a ser ocultada por intereses de unos y de otros. Toda la actual configuración del mercado inmobiliario se asienta sobre la base de que a la vivienda la han convertido en un producto de inversión financiera. Es así de sencillo y las derivaciones, nefastas para el ciudadano pero lucrativas para el especulador, son perfectamente predecibles.

Las imposiciones a plazo fijo o los bonos de diversa índole hace tiempo que dejaron de ser rentables como instrumentos de inversión. Detrás de la mayoría de estos productos estaban los bancos, como entidades depositarias o gestoras. Después llegó la Bolsa, lo recordarán ustedes. Todo el mundo invertía en Bolsa, al principio directamente y después a través de los famosos fondos de inversión. La mayoría de los mejores paquetes de acciones tienen a entidades bancarias o financieras detrás, bien porque los bancos administran esos paquetes, bien porque las empresas mejor cotizadas tienen como accionistas de referencia en sus consejos de gobierno, precisamente, a bancos. La Bolsa tuvo sus años de 'boom' y rentabilidad, que decayeron porque dejar entrar al ciudadano individual a especular tanto en la Bolsa es demasiado inestable. Los fondos de inversión de riesgo calculado son la trampa perfecta para que usted ponga su dinero pero el impacto sobre la Bolsa esté, por así decirlo, medido y controlado. Hoy en día, la mayoría de los fondos arrojan la paupérrima ganancia fruto de ese estancamiento necesario para la estabilidad del mercado de valores, necesaria a su vez para que las empresas operen en un marco de mínima seguridad.

Desde que tengo memoria de ciudadano, entre las pocas empresas que en sus cuentas de resultados se obligan a un incremento anual de entre el 10% y el 20% están los bancos. Eso es mucho dinero y mucha presión acumulativa. Cada año, ganar un porcentaje significativo sobre el ejercicio anterior. Tras el estancamiento de los fondos de inversión y la compartimentalización del riesgo en las grandes fortunas, había que buscar algo que involucrase al mayor volumen de dinero esclavizable en circulación, es decir, a las clases medias y trabajadoras. Háganse la pregunta de cuál es la capa de la población sometida a la mayor presión fiscal y tendrán la respuesta de cuál está sufriendo más la especulación inmobiliaria. Tal vez piensen que la pregunta no tiene relación con la respuesta, pero quizás cambien de opinión si consideran que las rentas medias y trabajadoras son más fácilmente instrumentalizables por factores y agentes exógenos, externos. A estos agentes y factores exógenos que orquestan económicamente la sociedad, Rafael Álvarez 'El Brujo' los llamaría 'la Cúpula'.

Pues bien, había que buscar un instrumento financiero de amplia disponibilidad, un producto que además generara el interés que producen las necesidades. Y lo encontraron. En la vivienda seguro que va a ponerse dinero en circulación, dinero que además está garantizado por una necesidad y que, además, está ligado a esa capa de población media y trabajadora que no tiene escapatoria.

Reconvertida espuriamente en producto de inversión, la vivienda no tiene más remedio que revalorizarse. Si los especuladores ponen su dinero en el sector inmobiliario, deben cerciorarse de que el valor va a subir; si no, la inversión no tiene sentido alguno. De este modo, tanto la vivienda nueva como la usada suben anualmente un porcentaje superior al interés que ganaban los bancos en la época en que las hipotecas superaban el 10% anual. La revalorización de la inversión exige la subida constante de los precios. A esa subida, por inercia especulativa, también se está sumando la propia población que es víctima de ella, pues en cuanto una familia tiene unos ahorritos, invierte en lo más rentable, en el ladrillo.

No me digan que no es curioso que un gran banco, que concede esas hipotecas de por vida para que usted compre la vivienda que la Constitución le propone como derecho, sea accionista de la inmobiliaria que se la vende. Luego existe toda una serie de personajes, del entramado financiero más complejo, que están en un consejo de administración de un banco, después en el de una empresa energética, a continuación en una constructora y que finalmente acaban tomando decisiones en función de ese conglomerado de intereses. Que la vivienda suba exponencialmente en este contubernio es lo mínimo que puede suceder.

Dentro de este panorama, que la corrupción se cebe en el sector inmobiliario no es sino perfectamente natural. La criminalidad organizada siempre busca los nichos ecológicos con mayor vulnerabilidad. La vivienda es vulnerable porque el suelo depende de los ayuntamientos, que se financian casi exclusivamente del suelo porque todo el dinero público se lo quedan las autonomías. Los municipios están regidos por representantes de partidos políticos, que también necesitan financiación. Alguna parte de la clase política, aquélla trabada en clientelismos, favores y débitos por figurar en la deseada lista del partido que asegure el sillón de parlamentario o concejal, está bajo sospecha.

La solución sólo depende del ineludible compromiso activo de los poderes públicos. Lo primero que hay que articular es un mecanismo que extraiga a la vivienda del circuito de inversión financiera. En democracia a veces es necesaria la revolución, y ésta sólo puede ser ciudadana y no violenta. El movimiento reprimido por la Policía en Madrid antes de Navidad es democracia en acción: democracia crítica, rebeldía no violenta, rendición de cuentas de los poderes públicos. En la era de la información y la tecnología, de pérdida de confianza en la política, el ciudadano puede marcar la diferencia, en cuanto quiera hacerlo. La vivienda puede ser un motivador que haga avanzar algo más la democracia o que la llene algo más de pus. De nosotros depende. He escuchado a Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza, pronosticar en el Club Siglo XXI que las políticas del futuro van a pasar por el reconocimiento de la tutela judicial sobre derechos individuales que la Constitución concede pero los poderes públicos no defienden. Uno de ellos será la vivienda. Ya ha pasado en Francia. Tiene razón.