andrés Montero gómez

El atentado múltiple del 11-M está policialmente esclarecido y el juicio que acaba de iniciarse en Madrid, por mucho que se haya enturbiado política y mediáticamente, no será más que un reflejo de esa realidad. Todo el proceso posterior a los atentados representa una de esas etapas de nuestra joven democracia moderna que más hubiera requerido el concurso de la ciudadanía crítica. No estamos maduros y el resultado es, de momento, pesimista. El 11-M ha puesto y seguirá poniendo a prueba la capacidad del ciudadano para evaluar críticamente la información que le ha sido servida, para saber desgranar y analizar las claves ocultas en uno de los episodios que más ‘entre líneas’ ha tejido para su comprensión. Si usted ha sido un ciudadano que se ha conformado con leer un solo medio de comunicación escrito, atender a un solo partido político, escuchar a un único opinador radiofónico o alimentarse siempre del mismo telediario, engrosará la lista de los intoxicados por el 11-M.

A falta de cinco meses largos de proceso oral y de la digestión de millones de palabras procesales, la sentencia judicial no hará más que traducir un trabajo policial que, si no podemos tildarlo de excelente ni de soberbio, sí seríamos honestos al calificarlo de razonablemente bueno. El atentado múltiple de Madrid en 2004 parece estar policialmente esclarecido.

Nuestras fuerzas de seguridad lograron desentrañar la trama operativa del 11-M en relativamente poco tiempo y mostrar al instructor judicial de la causa un esquema, más o menos completo, de lo que ocurrió y de quiénes fueron sus presuntos autores. En el trabajo de visibilizar el qué y el cómo del 11 de marzo de 2004 en Madrid nuestra Policía rebasa en eficacia a la inteligencia estadounidense y, en investigación -aunque no en inteligencia preventiva contraterrorista-, a la británica. Las fuerzas de seguridad españolas han hecho bien su trabajo. Sin embargo, de una investigación exhaustiva, que no ha estado libre de errores incluso operativos (suicidas de Leganés), lo que queda en la opinión pública es un pantano de emponzoñamiento. La imagen de la Policía, y también la de los jueces, ha quedado dañada cuando el nivel de esclarecimiento de los atentados sobrepasa, con creces, la respuesta pública de seguridad en condiciones similares ante el terrorismo islamista en otros países. La resolución de esta paradoja le corresponde a ese ciudadano libre y crítico que está dispuesto a leer entre líneas las claves de una gran manipulación.

Los terroristas islamistas del 11-M asesinaron a muchas personas pero, en nuestra ceguera política, institucional, mediática y social, les permitimos que obtuvieran efectos multiplicados sobre nuestra convivencia más allá del tremendo dolor de las familias rotas de manera directa. Los atentados condicionaron la intención de voto que, como resultado, cambió el Gobierno de España en 2004. Al contrario de lo que nos han tratado de hacer ver entre unos y otros, el cambio de Gobierno no fue instado por el partido político finalmente vencedor en las urnas, el PSOE. El cambio se debió a una sensibilización de la población que asoció, como pretendían los terroristas, el protagonismo español en la guerra de Irak con la elección de Madrid como objetivo terrorista.

Esa asociación inducida de ideas entre causas y efectos condicionó el voto de la población, pero no habría sido lo suficientemente fuerte por sí sola para decantar el voto final. Lo que determinó el resultado de las urnas fue, ahí sí, el aprovechamiento torticero que los dos principales partidos políticos hicieron del atentado. La derecha, intentando manipular hasta el final la percepción de la opinión pública mediante la ingeniería informativa más gruesa, la tergiversación y la apuesta consciente de involucrar, con fórceps, a la banda terrorista ETA en alguna de las fases de planificación del atentado. Electoralmente, la presencia de ETA favorecía al PP, que había implantado una de las mejores políticas anti-ETA de los últimos años. Por su parte, el PSOE no tuvo más que señalar las incongruencias del Gobierno de Aznar e instrumentar hábilmente la información que iba obteniendo sobre las investigaciones policiales para facilitar la inercia de la ciudadanía a culpar a su presidente del Gobierno por lo sucedido. La incompetente política de comunicación, trufada de ficciones lisérgicas, del Ejecutivo Aznar en su relación autista con la ciudadanía hizo el resto.

Los terroristas islamistas intuyeron que los intereses políticos nacionales iban a ser determinantes en la gestión de los atentados del 11-M, y acertaron. Ellos no cambiaron el Gobierno, lo hicimos nosotros. Después se produjo el viraje en política exterior, del que todavía no nos hemos recuperado. A partir de ese punto de inflexión, hemos tenido una permanente secuencia de intoxicación sobre un 11-M sobre el que existen pocas dudas reales, salvo la clarificación del esquema de planificación que une a la célula operativa hispano-marroquí con el engranaje de Al-Qaida. Incluso en ese punto, con las sombras que tenemos, las hipótesis no son del todo débiles, aunque el juicio no despejará ninguna incógnita.

Ayudados por la politización de los medios de comunicación, de parte de la justicia y de otra parte de las fuerzas de seguridad, nuestros políticos se han dedicado a articular el dosier de mayor manipulación de los últimos tiempos. Desde hace cuatro años, un Rajoy que se sabe amortizado ha venido barrenando la política antiterrorista, finalmente demolida durante el proceso socialista de negociación con ETA. A partir del 11-M, se ha quebrado el movimiento asociativo de víctimas del terrorismo, pervertido a partir de alineamientos sectarios e instrumentado mediante presión subvencionable por los distintos escalones de gobiernos municipales, autonómicos y nacionales, dependiendo de su color. No se ha respetado nada.

El macrojuicio de la Casa de Campo en Madrid tiene estricta naturaleza penal. Las claves del 11-M, por el contrario, son sociales y sobre todo políticas. Al-Qaida, a través de una línea de mando que incluía al primer acusado del juicio (’El Egipcio’), ordenó un atentado terrorista en Madrid para modificar la intervención militar española en la (absurda) guerra de Bush contra el terrorismo. Aprovechando la infección de nuestro suelo por yihadistas de paso a otros escenarios, así como la proximidad del magrebí Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (ahora Al-Qaida pura y dura), el atentado cobró forma y ejecución operativa. Los culpables están identificados, una parte de ellos ha muerto, los menos están huidos y a algunos se les está juzgando. La logística fue adquirida en España en contacto con delincuentes españoles. No hay más, no hay ETA. El resto es manipulación interesada. Lean entre líneas.