andrés Montero gómez

A tenor del diagnóstico que hace el Observatorio Estatal de Violencia de Género, las muertes de mujeres por sus parejas masculinas asciende progresivamente desde principios de esta década, con una mínima reducción en 2005 que inmediatamente repunta al año siguiente. Tal vez el efecto de exigua amortiguación de los femicidios en 2005 tenga relación con la entrada en vigor ese año de la Ley Integral sobre Violencia de Género, considerando además que el pico máximo de las muertes desde entonces hasta la actualidad permanece por debajo de las cifras de la primera parte de la década (de hecho, representa un 11% menos). Lo positivo es que cada mujer menos que muere es una vida que se salva, pero lo negativo continúa siendo que se producen los asesinatos. Quien asesina no es extranjero o nacional, sino hombre. Quien muere, mujer.

Los femicidios son crímenes por convicción, igual que lo es el terrorismo. El asesino tiene la convicción de que es necesario matar. Es difícil de aceptar, pero quizás más de comprender y sobre todo de interiorizar para muchas personas, que la violencia hacia las mujeres tenga relación con el género, es decir, que maten a mujeres por el hecho de ser mujer. Por ello se ha denominado violencia de género a este tipo de violencia, entendiendo el género, según las ciencias sociales, como la construcción mental que asigna funciones y roles personales e interpersonales diferenciados en función del sexo. Pues bien, es contraintuitivo para muchas personas entender que un hombre, que muchos hombres, asesinen a mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. Cuando muchos ciudadanos reflexionan sobre el argumento de que las mujeres asesinadas anualmente en violencia de género lo han sido por su condición de mujer, no acaban de asimilarlo, no acaban de creérselo. Esta incredulidad tiene dos orígenes. El primero, la socialización de género que todos y todas hemos recibido. El segundo, que cuando pensamos en los agresores de mujeres y nos los intentamos imaginar pensando en matar a la mujer por el hecho de ser mujer, estamos errando en la atribución del pensamiento, les estamos atribuyendo un pensamiento equivocado, porque efectivamente no piensan en matarlas por el hecho de ser mujeres.

¿Qué significa esto?, ¿estamos diciendo que las matan por el hecho de ser mujeres pero que el asesino ni siquiera ha reflexionado sobre ello cuando comete el crimen?. De hecho, es justamente así. La explicación es relativamente sencilla, pero hay que estar abierto a entenderla. La violencia de género es un crimen por convicción. El agresor aplica la violencia para mantener el comportamiento de la mujer dentro de unos parámetros que responden, exclusivamente, a la voluntad del hombre. De esta manera, el agresor está convencido de su legitimación para utilizar la violencia con el fin de lograr que la mujer se comporte conforme a un orden determinado. En eso, los agresores de mujeres no se diferencian de ninguno de los dictadores totalitarios que han asolado la historia de la humanidad. El agresor de género es un dictador que impone su voluntad por medio de violencia en el marco interpersonal de una relación de pareja. Hasta aquí, siguiendo el argumento, todavía no hemos mencionado el componente de género, es decir, ese constructo, definido por la socialización, que asigna roles sociales y personales diferenciados a los individuos en función del sexo.

Pues bien, antes de seguir, debemos llegar a un acuerdo. Tenemos que acordar que la sociedad, tal como la hemos construido, está sustentada en códigos de dominancia masculina sobre la subordinación femenina. No creo que sea difícil, con los matices que sean necesarios, aceptar por la mayoría de la población que, efectivamente, la desigualdad entre hombres y mujeres, descompensada hacia la preponderancia de lo masculino, ha sido la regla dominante sobre la que hemos construido nuestra sociedad. A medida que el progreso ha ido avanzando, nos hemos ido liberando de discriminaciones y esclavitudes. La revolución francesa puso de manifiesto el fin de las esclavitudes de clase, la americana el fin de las esclavitudes de raza y la feminista en fin de la esclavitud de género. Ahora tenemos otras esclavitudes más globales, como la económica, la geoestratégica, pero las democracias han declarado abolidas legalmente aquellas otras tradicionales. Sin embargo, por muy legalmente que se hayan subvertido ciertas esclavitudes, los códigos sociales continúan transmitiéndose de generación a generación. La igualdad de ley existe, pero todavía tenemos techos, de cristal o de hormigón, que obstaculizan la equidad de acceso y representación entre hombres y mujeres. Esos techos están construidos con nuestros prejuicios, con nuestros modelos mentales, con nuestras formas de entender el mundo. Y estos productos mentales continúan heredándose. La familia es donde se practica la primera y más fuerte socialización. Afortunadamente, la transmisión de códigos de géneros es paulatinamente menos marcada en dominancia masculina en la sociedad de hoy, pero la decadencia del modelo hegemónico de masculinidad es lenta, costará muchas décadas y desigualdades todavía y, ante todo, exige que todos y todas lo tengamos claro, claro que existe y claro que queremos cambiarlo.

La definición de cada rol de género está basada en el modelo sociológico dominante. Ese modelo, de momento y aunque más debilitado, continúa siendo el masculino. El rol que asigna el modelo a los hombres en función de su sexo es dominar y a las mujeres, ser dominadas. Eso es así a grandes rasgos, sin entrar en tonalidades. Si estamos de acuerdo en que la sociedad continúa construyéndose en masculino pero que hay una revolución constante y sostenida hacia la igualdad de género, podremos continuar con el razonamiento que subyace a la violencia de género.

Hay hombres, los agresores de mujeres, que socializados como los demás en el código masculino dominante, entienden que su pareja tiene no sólo que comportarse de una manera determinada, sino que “ser” de una manera muy determinada. La violencia de género es el instrumento del agresor para anular la personalidad de la mujer y conformar un nuevo ser, una nueva identidad, sometida y subordinada a los deseos de ese hombre concreto. En la medida en que la mujer opina, siente, razona, se conduce, se comporta, se expresa o se emociona desviándose del patrón de personalidad que el agresor considera debe ser el adecuado para “su mujer”, el hombre utilizará la violencia. Unos agresores harán uso intensivo de la violencia psicológica, otros la combinarán con violencia física y sexual, pero todos los que la ejercen lo harán con el objetivo de “reconducir” la personalidad e identidad de la mujer hacia parámetros de conveniencia masculina. El hombre, en un marco de violencia de género, es el tirano que se cree con legitimidad para someter a la mujer. ¿De dónde procede esa legitimidad?. Es autoconcedida, desde luego, pero además ese hombre agresor la entiende conferida por la sociedad, que hace décadas de forma explícita y en la actualidad más tácitamente le ha educado en la convicción de que, en cierto modo, tiene derecho a imponerse a “su” mujer, a exigir que ella se comporte como “debe” hacerlo una mujer.

Al final, pues, el hombre agresor no ejerce su violencia hacia la mujer en la conciencia literal de que lo hace porque ella es una mujer, sino en la convicción de que tiene derecho a someterla, a corregirla como persona, porque tiene superioridad moral sobre ella. Tal vez, si nos imaginamos la configuración de ese derecho tradicional y hegemónico en la mente del agresor, estaremos en mejores condiciones de entender la secuencia de violencia que conduce al asesinato.

El asesinato de la mujer en violencia de género representa el fracaso del agresor para someterla. En realidad y paradójicamente el agresor no desearía llegar al asesinato, no querría, sino que en función del código moral que ha establecido para respaldar su conducta auto-legitimada de violencia, se ve obligado a llegar a esa solución final. La realidad de muchas mujeres es mucho más trágica y dura de lo que incluso imaginamos. Lo que prefería el violento sería continuar ejerciendo su tiranía y tortura sobre la mujer durante toda la vida. El agresor llega hasta el asesinato porque la mujer quiere ser libre, tener la libertad que nos hemos dado en las imperfectas democracias tras innumerables sacrificios y revoluciones. Así, más del ochenta por ciento de las muertes en violencia de género se producen en el contexto de una eventual ruptura de la pareja a instancias de una mujer, una esclava, que quiere romper sus ligaduras y reencontrarse con su identidad arrebatada. Por eso las matan.

Ignoro si la legislación francesa lo permite, pero la española no lo contemplaba hasta que se modificó. Batasuna continúa operando con libertad y cobertura legal en Iparralde, en el denominado País Vasco francés. Si no conociéramos que la cooperación policial y judicial en el seno de la Unión Europea avanza con la lentitud propia de un mecanismo de consenso intergubernamental entre más de veinticinco Estados, sorprendería que un grupo delictivo buscara refugio en un socio comunitario para evitar la acción de la justicia en otro. Hace años ya hubo ejemplos, antes de la orden europea de detención, de facinerosos de ETA que se acogieron a medidas garantistas belgas para evitar ser entregados a España. Batasuna ha venido haciendo turismo jurídico para residir en la Unión Europea a salvo de la acción jurisdiccional española.

Es sabido que la delincuencia organizada se aprovecha de las vulnerabilidades de nuestros sistemas democráticos para extender sus actividades criminales. La doctrina más avanzada en inteligencia para desbaratar los grupos criminales organizados está enfocada sobre la prevención, en un eje general, y sobre el cortocircuito de la economía del crimen, en un eje más específico. Desde hace tiempo hay una rama de los mecanismos de prevención en los esfuerzos de los Estados para reducir las oportunidades de operabilidad de la delincuencia organizada que se conoce con el nombre de “crime proofing” (traducible como “a prueba contra el crimen”). Esta orientación persigue encontrar las lagunas jurídicas que puedan beneficiar a la delincuencia organizada y blindar los aparatos legales de los Estados para que no sean aprovechados por los criminales. Es de sentido común.

Sin ninguna duda, que Batasuna sea legal en Francia o que, a pesar de la ilegalización en España, pueda tener oficinas en otros países de Europa, debilita la acción antiterrorista de los Estados Miembros de la Unión. Hace más de una década que Francia está involucrada directamente en la lucha contra ETA desde los planos judicial, policial y de inteligencia a partir de una declarada voluntad política. Esa implicación se traduce, entre otras cuestiones, en la existencia de unidades policiales y jueces franceses especializados en desarticular comandos etarras, que trabajan junto a fuerzas de seguridad españolas. Así, desde un plano estricto de policía, la cooperación es profunda. Sin embargo, restan todavía vertientes antiterroristas en donde el gobierno francés puede implicarse para desarrollar una estrategia integrada frente a ETA. Era difícil demandárselo antes, puesto que ni siquiera el Estado español tenía conciencia clara de ser un todo contra el terrorismo etarra. Aún hoy, todavía parece a veces que los tres poderes del Estado no tuvieran claro que la amenaza de ETA se define, precisamente, contra la fórmula de convivencia de donde emanan esos tres poderes.

Ahora es momento de solicitar de Francia y del conjunto de la Unión Europea avanzar con respecto a ETA en lo que la propia comunidad de socios ha definido como espacio único de libertad, seguridad y justicia para sus ciudadanos. Al igual que podría hacerlo cualquier grupo mafioso, ETA aprovecha parte de la aplicación de la legislación francesa para beneficiarse y crear una vulnerabilidad para la democracia en territorio europeo. Y no es que la ley francesa sobre partidos políticos no esté bien redactada en términos de crime proofing. Lo que ocurre es no se está aplicando, bien porque no se ha subrayado esa posibilidad en alguno de los diseños de coordinación de ambos países en acción antiterrorista o bien, más probablemente, porque no se haya considerado oportuno estratégicamente. Pues bien, ya parece ser oportuno estratégicamente.

Además de los comandos, ETA está instalada en Francia a través de Batasuna y, casi con seguridad, a través de negocios e inversiones para sostener su estructura financiera. Respecto de la presencia de una formación con pantalla política que en España es ilegal (precisamente por tratarse de una pantalla de actividades criminales), la legislación francesa sobre partidos demanda que los grupos dedicados a la política se adhieran a los principios republicanos, respeten la integridad territorial y adopten el axioma de la soberanía popular. Escarbando nada más que un poco o, simplemente, asumiendo las decisiones judiciales españolas sobre Batasuna, la oficina etarra en Bayona debería estar clausurada por ilegalizada. La Audiencia Nacional española lleva tiempo solicitándolo.

Desconocemos si Batasuna está en la lista europea de individuos y grupos terroristas, porque esta lista es, como debe ser, secreta. Lo que sí sabemos es que Batasuna, en coalición con Eusko Alkartasuna y Abertzaleen Batasuna, concurrió a las legislativas francesas del año pasado con el nombre de EHBai. La coalición obtuvo 10700 votos en el recuento. La lista europea de terroristas es secreta, pero suponemos razonablemente que no puede permitirse a un inscrito en ella presentarse a elecciones en el espacio de la Unión. También, que casi lo primero que se deriva de verse inscrito en ella, en la lista, es el bloqueo de cuentas e instrumentos financieros.

En definitiva, Batasuna opera desde Francia y parte de las finanzas de ETA también. El reconocimiento mutuo de sentencias judiciales entre Estados miembros es el pilar, así establecido por la propia Comisión Europea, del espacio judicial común. Ese espacio, a su vez, es un componente de una de las señas de identidad de la Europa del siglo XXI, el espacio de libertad, seguridad y justicia para sus ciudadanos. La sintonía entre Sarkozy y Zapatero, por un lado, y la determinación demostrada por el presidente y exministro del Interior francés contra la criminalidad, podrían materializarse en la equiparación definitiva de España y Francia en el tratamiento de un fenómeno transnacional de terrorismo como, desde cualquier óptica, es ETA. El último comunicado de la banda terrorista dedica suficientes menciones antirrepublicanas y antiterritoriales a Francia como para que sus autoridades hagan uso de instrumentos europeos para reducir las oportunidades de operar en territorio francés al conglomerado de ETA. Tres deben ser los frentes de acción, contra el aparato político, contra el financiero y contra el social, sendas expresiones de una estrategia terrorista integrada frente a la que hay que responder, también, de manera integrada.

(publicado en El Correo, 11 enero 2008)