andrés Montero gómez

Hace no demasiados años, que ETA asesinara a guardias civiles, policías o militares era algo rutinario para la población española. Las fuerzas armadas y de seguridad siempre han sido una especie de objetivo terrorista predeterminado, es decir, víctimas que son menos víctimas en función de su trabajo, de su dedicación. Hace no demasiados años, la percepción general de la población era que morir en un atentado terrorista era algo adosado al sueldo de policías y militares. Esa percepción ayudaba a que ETA los asesinara sin miramientos, sin ningún cálculo de costes y beneficios. Sencillamente, a ETA le podían servir de asesinatos de mantenimiento, para mantener la tensión de la violencia pero sin que le supusieran ningún desgaste ni ante las bases abertzales, ni por supuesto ante sus propios terroristas, ni desgraciadamente ante la población general. Asesinar a guardias civiles, militares o policías era algo que se le suponía a ETA y que nadie cuestionaba o, si se hacía, era en voz bajita.

A partir de un determinado momento, que puede identificarse con la segunda mitad de la década de los noventa, la implicación de la población en la lucha antiterrorista, latente a partir de los secuestros de Julio Iglesias Zamora (lazo azul) pero activada definitivamente por la tortura de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, hace que ETA sienta que, de alguna manera, tiene que hacer cálculos para cada asesinato, para cada atentado. Los cálculos, evidentemente, están relacionados con hasta dónde puede gastar ETA el cheque en blanco de la izquierda aberztale pero, sobre todo, con hasta dónde estaría dispuesto a llegar un gobierno en la lucha contra ETA con el apoyo de una población que haya considerado que existe un límite de terrorismo que ya no puede soportar.

Esta interacción entre percepción de la población y acciones criminales es inherente al fenómeno terrorista. Tanto es así que, por ejemplo, la intensidad de los atentados islamistas del 11-M ha condicionado la práctica de atentados de ETA, que intuye que no puede acercarse a ese nivel de muerte para no asemejarse al terrorismo islamista (hasta en esto del terrorismo hay identidades corporativas), tampoco puede sobrepasarlo porque tendría muy difícil justificar ese grado de violencia ante el porcentaje de sus apoyos en Euskadi y, en todo caso, sabe muy bien que la población a la que utiliza como transmisora del terror ha cambiado su percepción respecto del terrorismo.

Lo que ETA no puede ignorar, aunque deforme mucho la realidad para construir sus argumentos, es que el mínimo de concesiones que pueda obtener de un gobierno en un futuro depende de sus acciones hasta entonces. En sus cálculos está negociar presos, conseguir algunos beneficios para los terroristas todavía no encarcelados y presionar para lograr un escenario favorable al independentismo. Ha quemado dos treguas para nada y, por tanto, es perfectamente conocedora de que una tercera ya debería ser la definitiva o, por lo menos, tendría menos eficacia instrumental. Y, en cuanto a atentados, tiene muy difícil asesinar a concejales (demasiada identificación con la población), complicado secuestrar a empresarios (demasiado desgaste con la población de Euskadi) y no digamos nada otro tipo de acciones involucrando a la ciudadanía. Por supuesto, no es que cualquier terrorista de ETA no estuviera encantado de asesinar a un edil no nacionalista en Euskadi o del PSOE o el PP en el resto de España. Lo que ocurre es que, con las etapas que ha quemado ETA, con la actual percepción respecto del terrorismo, y con lo que la población ya demanda (aunque todavía con debilidad) de sus gobernantes respecto de la lucha antiterrorista, a ETA las cuentas se le estrechan cada vez más.

Aunque sea duro afirmarlo, los terroristas han atentado contra la guardia civil de Durango porque saben que es una acción asumible, hasta cierto modo esperable, amortizada, que no va a restarles futurible negociador ni va a cambiar la dirección de la política antiterrorista cerrando definitivamente el horizonte de eventuales compensaciones por la desaparición de ETA. Las fuerzas armadas y de seguridad son objetivos blandos, y esa (baja) ponderación de nuestros conciudadanos con uniforme en la ecuación de ETA debería avergonzarnos a todos, a nosotros, a los partidos políticos y al Gobierno.

Si los cálculos de ETA son que si asesina a otro político en este momento probablemente no podrá ni canjear un preso en el futuro, ni siquiera con un gobierno socialista, pero que si pone una bomba en un cuartel o descerraja un tiro en la nuca a un policía todavía le queda recorrido negociador, son producto, esos cálculos, de que la población probablemente no va a protestar tanto por un policía mutilado; que los políticos probablemente condenarán con menos sentimiento y traducirán menos su sensación de crisis a acuerdos más efectivos contra ETA; que el Gobierno no trasladará la línea roja de la negociación para estrecharla más; y que, en definitiva, será como si nada hubiera pasado. Y, encima, en Durango no ha muerto nadie. Espero estar equivocándome y que a ETA se le pongan las cosas más difíciles todavía tras este atentado. Si no es así, ustedes sentirán tanta vergüenza al leer este artículo como yo al escribirlo.